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El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación si «¿intervendrá el Ministerio de Economía ante las autoridades japonesas para que estas pidan a la empresa Hitachi que respete los derechos laborales y atienda las justas reclamaciones de la plantilla de su fábrica en Córdoba?».
Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie, también por escrito, sobre el conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en la capital cordobesa ante la falta de acuerdo entre empresa y sindicatos respecto al convenio colectivo y por las contrataciones externas que realiza la multinacional japonesa.
En este contexto el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados también ha preguntado al Gobierno de la Nación «¿cómo valora la actuación de vulneración de los derechos labores de los trabajadores de Hitachi Córdoba por la empresa?», y «¿qué medidas adicionales planea tomar el Gobierno para que Hitachi devuelva cualquier subvención o exención fiscal recibida?».
A este respecto y en la exposición de motivos de la pregunta registrada por Santiago esta misma semana, los trabajadores de Hitachi «se encuentran en una tensa situación tras una huelga indefinida que se suspendió a 7 de marzo» pasado, reivindicando «mejores condiciones, creación de empleo, renovación de convenio y mejor trato para la plantilla» y, «en medio de estas reivindicaciones, la empresa sancionó a 76 huelguistas» con «suspensión de empleo y sueldo» durante cuatro meses, si bien los juzgados de lo Social «ordenaron la suspensión de las medidas disciplinarias» y «cuestionaron la proporcionalidad de estas».
Tras ello, según el relato de Santiago, «CCOO en el comité de empresa pidió un ejercicio de reflexión, tras los distintos reveses judiciales que están dejando claro que las actuaciones de la firma estaban vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos».
El «largo conflicto laboral», según ha lamentado el diputado de Sumar por Córdoba, «que acumula 21 meses en la planta de Hitachi por la negociación del convenio colectivo, vuelve a escalar tras un periodo en primavera en el que dio visos de poder encauzarse. Lo que empezó como un conflicto contra diferencias salariales se ha transformado en una situación en la que se sanciona directamente a los representantes de la plantilla y en el que se sustituyen trabajadores y empleos, externalizando tareas mediante subcontratas».
Por ello, entiende Santiago que «se deben seguir realizando las gestiones necesarias para que no se perciba ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical».
A su juidio, «es fundamental que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los juzgados de 1o Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral».
Por último, el portavoz de IU en el Congreso ha afirmado en la exposición de motivos de su pregunta que «s imprescindible que la dirección» de la empresa «acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores», y a la vez «el Ministerio de Economía debería advertir mediante un mensaje claro a las autoridades competentes de Japón, para que tomen medidas para que una multinacional de esa nación respete los derechos de los trabajadores de su planta en Córdoba y cambie de actitud».
