La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha declinado valorar las consecuencias de un posible pronunciamiento negativo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.
«No estamos en esa pantalla», ha respondido Elma Saiz en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Supremo presente una cuestión prejudicial al TJUE y sobre las consecuencias que ésta podría tener sobre las personas que hayan solicitado la regularización.
Ante esto, Elma Saiz ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» a los solicitantes y ha recordado, en este sentido, que el Supremo ya desestimó adoptar medidas cautelares hace «escasamente unas semanas».
La ministra ha asegurado que el Gobierno presentará el viernes 3 de julio las alegaciones ante el Supremo, y ha garantizado que el decreto de regularización «es un texto con seguridad y rigor jurídicos que se refiere a la normativa de este país». «Vamos paso a paso», ha explicado Saiz, quien ha reiterado que el procedimiento da exclusivamente «derecho a residir y trabajar» en España.
Por ello, la portavoz del Gobierno ha insistido en pedir «tranquilidad» ante un proceso que ha concluido este martes y en el que «más de un millón de personas van a poder salir de los márgenes».
Sáiz no ha precisado el número total de solicitudes presentadas, aunque ha anunciado que «mañana mismo» el Gobierno «hará una comparecencia para contar los datos territorializados con toda la información». Solo ha avanzado que en torno al 50% ya han sido admitidas a trámite.
Respecto al posible 'efecto llamada' que ha podido provocar la regularización y la entrada de personas en situación irregular desde otros países europeos, Saiz lo ha descartado y ha recordado que «se está produciendo una importante caída en las llegadas de en torno a un 70%».
Ha aludido también a las condiciones exigidas para acogerse al procedimiento extraordinario que obligaban a «estar en España de manera ininterrumpida desde el 1 de enero de 2026». «Los requisitos estaban claros», ha argumentado.
Ha negado, asimismo, que el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración Magnus Brunner le haya comunicado un rechazo al proceso por un posible 'efecto llamada'. «No, no, a mi no me ha dicho nada», ha rechazado la ministra.
