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Redondo defiende que se obligue a cambiar de residencia a los agresores que vivan a menos de 350 metros de la víctima

· 3 min · Redacción

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género no sean inferiores a 350 metros y que se obligue a cambiar de municipio a los agresores en caso de pequeñas poblaciones que no permitan mantener esa distancia mínima con la víctima.

Redondo ha incidido en que el 24% de las órdenes de alejamiento son inferiores a los 350 metros y que "no son eficaces" porque impiden que la policía llegue a tiempo para proteger a la víctima.

En un acto del Club Siglo XXI, recogido por Europa Press, la ministra ha achacado este porcentaje a la dificultad que hay en los pueblos pequeños para decretar una distancia un perímetro mayor, y ha defendido que, en esos casos, se obliga al agresor a cambiar de municipio.

En esta línea, ha advertido que ya ha habido casos en los que las autoridades no han podido frenar estos quebrantamientos de la condena por falta de tiempo y con "consecuencias muy graves". Por eso, Redondo ha hecho un llamamiento a los jueces porque son quienes "valoran" cada "caso concreto".

La responsable de Igualdad ha afirmado que ha "hablado" de este problema con Isabel Pereyó, presidenta del Tribunal Supremo, y también con Teresa Peramato, fiscal general del Estado, para tratar de poner fin a las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros.

Por otro lado, la titular de Igualdad ha tildado de "excesivas" y "pesimistas" las palabras de la fiscal de sala de violencia contra la mujer, María Eugenia Prendes, que este lunes ha asegurado que todas las mujeres que denuncian por violencia de género aseguran que no volverían a hacerlo.

Preguntada por la preocupación de feministas por 'Hodio', la herramienta anunciada por el Gobierno para medir discursos de odio, por si pudiera criminalizar mensajes del feminismo crítico con el género y si afectará a mensajes contrarios a posturas trans, la ministra ha aclarado que no combatirá "discrepancias" sino "el acoso y derribo a quien no opina como tú". En todo caso, ha precisado "tiene que reprimirse" cualquier "postura" que busque "quitarle la dignidad y los derechos" a las personas.

Respecto a la influencia de las redes sociales, ha asegurado que estas plataformas han "sustituido" a la "formación en democracia" que se impartía a los jóvenes en la asignatura de "Educación para la Ciudadanía" que suprimió el exministro de Educación, José Ignacio Wert, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Redondo ha asegurado que intentará combatir la prostitución desde la ley de trata que se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros. La ministra ha admitido discrepancias con los socios entre regular o abolir esta práctica, y, por eso, defiende abordarla primero desde la ley de trata, incluida en el pacto de Estado contra la violencia de género y que tuvo el apoyo del Partido Popular hace un año.

Una paso que ha calificado como "el inicio de la abolición de la prostitución" y donde considera que se puede alcanzar un "consenso" mayoritario en el Congreso de los Diputados. También ha criticado que este debate genere "confrontación política" cuando, según los "expertos", "el 70% de la población española" considera "violencia de género" la prostitución, y ha incidido en que apenas un 2% de las mujeres deciden dedicarse a la prostitución de forma libre y voluntaria.

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