El PSOE ha calificado este domingo de «inaudita e irresponsable» la decisión del equipo de gobierno del PP en la Diputación de Granada la decisión de dejar de prestar «el servicio de asistencia técnica en materia de disciplina urbanística», lo que supone «un nuevo abandono a los municipios, especialmente a los de menor tamaño».
En un comunicado, la portavoz del PSOE en la diputación, Fátima Gómez, ha explicado que esta asistencia por parte de la institución es «fundamental» para que los ayuntamientos ejerzan sus competencias con todas las «garantías legales, ya que la mayoría carecen de medios técnicos y personales suficientes para afrontar expedientes relacionados con la disciplina urbanística».
«La Diputación está dejando tirados una vez más a alcaldes y alcaldesas que necesitan apoyo especializado para cumplir con sus obligaciones. Estamos hablando de una materia especialmente sensible que puede derivar responsabilidades jurídicas para los responsables municipales si no cuentan con el asesoramiento adecuado», ha señalado.
La portavoz socialista ha mostrado su preocupación por una decisión que, lejos de reforzar el municipalismo, «desprotege a los ayuntamientos y les traslada un problema que no pueden asumir en solitario». En este sentido, ha recordado que una de las principales razones de ser de la diputación es precisamente garantizar asistencia técnica, jurídica y económica a los municipios con menos recursos.
«Resulta incomprensible que el PP justifique esta retirada alegando falta de medios. Si hay una administración que tiene la obligación de dotarse de esos recursos para atender a los pueblos es precisamente la Diputación», ha afirmado.
Para Gómez, esta situación evidencia la falta de planificación y gestión del gobierno de Francisco Rodríguez, que «vuelve a demostrar que no tiene como prioridad a los municipios ni las necesidades de sus vecinos y vecinas».
Por su parte el diputado provincial Manuel Martínez ha exigido al equipo de gobierno que «rectifique de inmediato, mantenga este servicio esencial y garantice los recursos necesarios para que los ayuntamientos puedan ejercer sus competencias urbanísticas con seguridad jurídica y con el respaldo que merecen por parte de la institución provincial».
