El PP ha pedido la comparecencia de los ministros de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y el de Interior, Elma Saiz y Fernando Grande-Malaska, para conocer el impacto del proceso de regularizacion «masiva». La petición de comparecencia la enmarcan en lo que han calificado como «una ofensiva parlamentaria» en la Cámara para que el Gobierno «cumpla sin trampas» el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo gabinete.
Por un lado, el grupo popular ha registrado una proposición no de ley «para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en España», para su debate y votación en el Pleno de la Cámara Baja. La exposición de motivos de la proposición señala que, lejos de anticiparse a los desafíos que plantea el nuevo marco europeo, «el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una preocupante opacidad sobre el estado de ejecución del plan nacional de implementación y sobre los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los nuevos procedimientos y plazos establecidos por la UE a este respecto».
La iniciativa, que consta de seis puntos, insta en primer lugar al Gobierno a «tramitar, con carácter urgente, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para completar la adaptación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español». En segundo lugar, se reclama al ejecutivo que remita a las Cortes «un informe detallado sobre el grado de ejecución» de dicho plan.
Además, en el tercer punto, se le exige «reforzar de manera inmediata los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a su aplicación» y, como cuarto punto, reclaman impulsar, en colaboración con todas las Administraciones implicadas, un plan específico que garantice información permanente y participación efectiva de las mismas, «suficiencia financiera y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en las fronteras y sus plazos».
En el quinto punto, se demanda al Ejecutivo «garantizar de forma inmediata que se dispone de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la aplicación efectiva del procedimiento de triaje, así como de los nuevos procedimientos de asilo y de retorno en frontera».
Finalmente, el sexto punto de la iniciativa insta al Gobierno a "votar a favor del acuerdo provisional sobre el Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y garantizar su aplicación efectiva desde el momento de su entrada en vigor.
En cuanto a la batería de 22 preguntas presentadas, el PP señala que «la regularización masiva ha estado marcada desde su inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes».
Añade que «las imágenes de largas colas, la insuficiencia de medios habilitados inicialmente y la necesidad de adoptar medidas de refuerzo apenas iniciada la campaña evidencian que el ejecutivo ha puesto en marcha un procedimiento de enorme alcance sin disponer de una estructura adecuada para poder gestionarlo».
A ello se suma, para el PP, «la falta de datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes presentadas hasta la fecha, su distribución territorial, los perfiles de los beneficiarios y el impacto que la medida está teniendo sobre la Administración y los servicios públicos», ha denunciado el PP.
Entre las 22 preguntas, figuran las relativas a los estudios realizados sobre el impacto del proceso de regularización en la demanda de vivienda pública, de servicios sociales y escolarización, saturación de recursos públicos, concentración de población inmigrante en determinadas zonas urbanas, número total de solicitudes y expedientes registrados por comunidad autónoma y provincia, y refuerzos de personal incorporados para gestionar todo el proceso.
Asimismo, se piden explicaciones al ejecutivo por el número de expedientes resueltos, indicando las causas de inadmisión o rechazo de los mismos, y si tiene previsto ampliar el plazo de presentación de solicitudes, además de que detalle cuáles son las diez principales nacionalidades de los demandantes de la regularización, indicando el porcentaje que representan sobre el total.
Además, los populares preguntan cuántas denuncias ha registrado la Administración del Estado relacionadas con "falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos, así como «cuántas solicitudes han sido rechazadas hasta la fecha tras comprobarse que los solicitantes contaban con antecedentes penales y cuántas corresponde a personas que poseen antecedentes policiales».
