La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Senado, Inmaculada Hernández, y el presidente del PP de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, han reclamado este viernes al Gobierno que paralice la modificación del Reglamento de la Ley de Costas y abra un proceso de diálogo con los ayuntamientos y los afectados para evitar «un atropello que amenaza a miles de familias, propietarios y negocios».
Hernández ha defendido que «el Partido Popular cree en la protección del litoral, pero también en la seguridad jurídica y en el respeto a quienes llevan décadas viviendo, trabajando e invirtiendo en nuestros municipios».
«Decimos un no rotundo a eliminar las actividades económicas, no a terminar con las concesiones, no a eliminar los chiringuitos de las playas y no a que miles de familias vivan angustiadas por la demolición o la pérdida de derechos de sus casas, en muchos casos heredadas de sus abuelos».
La senadora granadina ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende modificar por reglamento cuestiones que afectan a derechos consolidados «sin consenso, sin escuchar a los ayuntamientos y de espaldas a los afectados».
«Estamos ante una auténtica expropiación encubierta que el Partido Popular no va a permitir», ha asegurado.
Hernández ha recordado que el Senado ya ha aprobado la iniciativa del Partido Popular para suspender la tramitación del reglamento, establecer una moratoria sobre los deslindes y desbloquear la reforma de la Ley de Costas que permanece paralizada en el Congreso.
«Hablamos de familias y empresas que han levantado su proyecto en nuestra costa y que ahora viven con inquietud esta situación creada por una decisión arbitraria del Gobierno», ha señalado.
La portavoz adjunta en el Senado ha insistido en que «es perfectamente compatible proteger el medio ambiente y preservar la actividad económica que durante décadas ha contribuido al desarrollo de nuestros municipios costeros».
En ese sentido, ha defendido que el Partido Popular seguirá impulsando una reforma que aporte estabilidad y certidumbre a propietarios, concesionarios y empresarios.
Por su parte, el presidente del PP de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha mostrado su rechazo frontal a una reforma que «va contra el empleo y la riqueza que generan establecimientos tradicionales que forman parte de la identidad de Almuñécar y la Costa Tropical como son los chiringuitos».
«No se entiende que el Gobierno de España decida señalar a un sector productivo tan importante para Andalucía y nuestro entorno, del que dependen miles de familias y miles de puestos de trabajo».
En este sentido, ha advertido de que «proteger nuestras costas no puede convertirse en una excusa para poner en riesgo negocios familiares y proyectos de vida».
Ruiz Joya ha reclamado al Ejecutivo que deje de tomar decisiones desde un despacho en Madrid y escuche a los ayuntamientos: «Almuñécar quiere una costa protegida pero también viva y que dote de seguridad jurídica a quienes residen, han invertido y son motor económico de nuestra costa», ha concluido.
