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Plena inclusión España ha reclamado al Ministerio de Educación el despliegue del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, que debe incorporar, según la organización, medidas concretas para garantizar el derecho a una educación inclusiva «de calidad» para los más de 180.000 estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo, entre ellos personas con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, que esta semana inician un nuevo curso escolar.
«Una educación verdaderamente inclusiva exige de apoyos personalizados y recursos suficientes con los que asegurar la formación del profesorado y el personal de apoyo que se necesita en las aulas», ha afirmado la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica este martes en un comunicado.
La organización ha alertado de que miles de familias de estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo deben afrontar en el inicio del curso «un sobrecoste derivado de terapias y apoyos externos» que requieren sus hijos, un gasto que se suma a los 1.200 euros de media anual por alumno que asumen el resto de las familias, según cifras de la organización.
Entre estas familias se encuentra la de Iván Lledó, padre de cuatro menores, dos de los cuales tienen discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo, que comienzan esta semana 5º y 6º de Primaria en un colegio concertado de Murcia.
Lledó se ha mostrado «agradecido» por la sensibilidad y profesionalidad del profesorado y la dirección del centro respecto a los ajustes que facilitan la inclusión educativa de sus hijos, aunque ha señalado «la falta de ayudas públicas» para el sobreesfuerzo económico que supone para su familia cubrir los apoyos especializados que necesitan.
«Mis hijos de 11 y 9 años necesitan asistir cada semana a sesiones de logopedia, fisioterapia y apoyos educativos especiales, para las que se tienen que desplazar fuera del centro», ha explicado Lledó. «Estas terapias y el transporte cuestan 300 euros mensuales, más de 3.000 euros al año, que debemos sumar al gasto por libros de texto, material escolar y transporte al centro que asume el resto de las familias al empezar un curso», ha añadido.
Laucirica ha situado el caso de la familia de Lledó como ejemplo de una realidad que «afecta a miles de familias» de niños y jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo. «No podemos hablar de una auténtica inclusión en las aulas sin que se tengan en cuenta las necesidades de los apoyos especializados que demanda el alumnado con Necesidades Educativas Especiales», ha denunciado.
Según las estadísticas del curso 2024-2025 citadas por la organización, el sistema educativo español cuenta con 75.905 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidad intelectual y 107.977 asociadas al autismo, lo que suma 183.882 estudiantes y representa el 57,6% del alumnado con NEE.
Plena inclusión España considera «imprescindible» que el Plan Estratégico de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación garantice «apoyos personalizados» durante toda la jornada escolar, así como medidas de accesibilidad cognitiva y comunicativa que permitan a todo el alumnado comprender, participar y beneficiarse plenamente de la actividad educativa.
«La inclusión educativa no puede limitarse a la escolarización en centros ordinarios, sino que debe garantizar el acceso al aprendizaje, la participación en la vida escolar y el desarrollo personal de cada estudiante en igualdad de condiciones», ha subrayado la organización.
Plena inclusión España ha reiterado asimismo su disposición a colaborar con el Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas para avanzar «hacia un sistema educativo más inclusivo», capaz de responder a la diversidad y «garantizar el derecho a la educación» de todas las personas.
