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La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lamentado las «descalificaciones» de «quienes ejercen responsabilidades institucionales» hacia los jueces, ha exigido respeto a las decisiones judiciales y ha asegurado que se toman «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».
Así se ha expresado Perelló en su discurso del acto de apertura del año judicial que se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
La magistrada ha reiterado que su compromiso «ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio» y con el objetivo de que sus decisiones «estén al servicio de la justicia y del interés general», y no «al servicio de otros intereses».
«Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo», ha continuado.
Y ha señalado que, pese a que «los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del derecho», el ordenamiento «asume esa posibilidad y establece un sistema de recursos para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas», incluyendo la pertenencia de España «al espacio jurídico europeo».
«Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas», ha defendido, pero dicha crítica debe de ser «fundada» porque «contribuye a mejorar» la justicia y «siempre será bienvenida». No obstante, la discusión jurídica, a su juicio, «no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto».
Y ha lamentado, en alusión a las acusaciones de 'lawfare' que se han escuchado «acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones».
Perelló ha señalado que se trata de «una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva» y que «pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho».
«Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor», ha indicado, para recordar que los informes de la Comisión Europea insisten en que «los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la justicia».
En esta línea, Perelló ha señalado que «no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción» y ha apelado al «respeto y la lealtad institucional».
Esto último, a su juicio, «no se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho».
«Por ello, esa lealtad exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances», ha expresado.
La función judicial exige, ha indicado Perelló, «mesura en el ejercicio de sus atribuciones», para añadir que «la independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener» para los ciudadanos.
«La justicia constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y, como ha subrayado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, necesita contar con la confianza de los ciudadanos para poder desempeñar adecuadamente su cometido», ha añadido.
RECUERDA EL ACCIDENTE DE ADAMUZ, LOS INCENDIOS Y LA CRISIS DE CEUTA
Asimismo, Perelló ha querido dar las gracias a todos los jueces que han intervenido e intervienen en asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los incendios forestales de este verano, así como para los que lo hacen ahora ante la crisis migratoria de Ceuta por la llegada de miles de inmigrantes.
«En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado; y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley», ha garantizado.
Y ha puesto el foco en la situación que «sufre» el pueblo de Ceuta y que «exige una respuesta que preserve la integridad de las fronteras» españolas y «el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en el ordenamiento» español.
La presidenta del CGPJ ha concluido su discurso recalcando que la justicia «se construye día a día en cada tribunal, mediante el ejercicio independiente y responsable de nuestra función, con trabajo riguroso, pleno respeto a la ley y garantías procesales, y con vocación de servicio, tantas veces en circunstancias difíciles».
«El compromiso del Poder Judicial con los valores constitucionales y democráticos es inequívoco, así como la contribución de la Justicia a que la sociedad sea más justa e igualitaria», ha remachado.
