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Organizaciones sociales valoran la reforma de las leyes de la dependencia y la discapacidad pero lamentan que no se hayan tenido en cuenta las enmiendas en materia de fiscalidad y seguridad social, asi como la supresión del copago.
La Confederación nacional de Entidades con ELA (ConELA) considera que la aprobación de la reforma supone un «avance» en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia y valora que durante su tramitación se hayan incorporado algunas de las reivindicaciones como las medidas dirigidas a reducir cargas administrativas y facilitar una mejor conexión entre los sistemas de discapacidad y dependencia.
Pero recuerda que que desde el inicio de la tramitación ha defendido que esta reforma debía servir también para remover algunos de los obstáculos que todavía dificultan la aplicación efectiva de la Ley ELA y el acceso a los apoyos que necesitan las personas con enfermedades de alta complejidad. En particular, considera especialmente importante que siga pendiente una solución legal definitiva al copago de las prestaciones y servicios de dependencia en los supuestos de cuidados de alta intensidad, una cuestión que afecta directamente a las personas con enfermedad avanzada y a sus familias.
Para la Confederación, «los cuidados de alta intensidad que requieren las personas con ELA avanzada no pueden tratarse como una prestación social ordinaria». «En las fases avanzadas de la enfermedad, deben ser considerados y financiados como una prestación de naturaleza sanitaria, es decir, sin copago para la persona afectada ni para su familia. Se trata de apoyos continuados y esenciales para garantizar funciones vitales y hacer posible que las personas puedan permanecer en su domicilio en condiciones de seguridad y dignidad», ha argumentado.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido al Gobierno que retire el veto formulado a determinadas enmiendas aprobadas por el Senado. El CERMI considera que estas mejoras fiscales y de Seguridad Social introducidas en las enmiendas deben ser debatidas y validadas por el Congreso de los Diputados.
Entre las medidas incorporadas por el Senado que el CERMI reclama preservar se encuentran la extensión de los beneficios fiscales asociados al reconocimiento oficial de un grado de discapacidad del 33 % a las personas en situación de dependencia que, conforme a la reforma, quedan asimiladas a dicha situación a partir de ahora.
También la reducción del IVA del 10 % al 4 % para la adquisición de determinados productos y servicios destinados o vinculados directamente a las necesidades de las personas con discapacidad, como medida de atenuación de los sobrecostes asociados a la discapacidad y de mejora de su capacidad económica.
De igual modo, la mejora de las condiciones de la prestación de Seguridad Social destinadas a menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves (conocida como CUME), en virtud de la cual se amplía en determinados supuestos el límite de edad para percibirla, a fin de reforzar la protección de las familias que afrontan situaciones de especial intensidad de cuidados.
