Las organizaciones integrantes de la Mesa del Agua han pedido que las más de 300 personas afectadas por el incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva) este lunes sean atendidas, reubicadas de manera «urgente y digna», a la vez que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para «su pronta reincorporación al tejido productivo andaluz del que son una pieza esencial».
Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el incendio, «claramente intencionado» viene a ser «un tremendo drama humano», y, lastimosamente, «el enésimo capítulo de una situación que se viene produciendo en Andalucía desde hace décadas».
«Desde la Mesa Social del Agua de Andalucía venimos denunciando desde hace años esta situación, que nos provoca indignación y vergüenza y que, de manera perseverante, hemos solicitado que se pongan medidas que palíen y resuelvan este reto social que es vergonzante que se siga produciendo en Andalucía», han subrayado.
Las organizaciones integrantes de la Mesa han remarcado que resulta «absolutamente sobrecogedor e indignante comprobar las condiciones infrahumanas en las que viven estas personas, que duermen bajo plásticos, rodeados de basura, sin las mínimas condiciones sanitarias, sin tan siquiera punto de acceso al agua lo que vulnera el básico derecho humano al agua, desprovistos de acceso a cualquier tipo de servicio público».
«Han sido numerosas las ocasiones en los últimos años en las que hemos denunciado esta situación, y también han sido numerosas, las veces, que, desde su gobierno, y usted mismo, se han comprometido a encontrar solución. Pero tristemente estas soluciones no llegan y seguimos presenciando en nuestra tierra, una escabrosa situación que debería estar erradicada hace décadas», han lamentado.
Además, han insistido en que su «preocupación» se «incrementa» a tenor de la declaración de intenciones que en la práctica es el acuerdo de gobierno firmado en los últimos días en Andalucía que «no colocan la prioridad en la integración, la inclusión, la convivencia y la dignidad de las personas».
«En los últimos meses se han dotado cuantiosos fondos públicos, más de 70 millones de euros ha invertido el Gobierno para paliar la situación. Echamos en falta los hechos que avalen el compromiso de la Junta de Andalucía, no de activar medidas paliativas, sino soluciones solventes y a largo plazo, a un problema que es eminentemente social, de integración, de inclusión, y que muy mal hablan de nuestra tierra en foros internacionales, pudiendo laminar el propio prestigio de Andalucía, su gente y sus productos. Estamos a su disposición para todo aquello en lo que podamos ayudar», han señalado.
Por ello, la Mesa insta al gobierno de la Junta de Andalucía a que lidere y coordine las acciones necesarias en las que participen todas las administraciones (estatal, autonómica, municipal) y los agentes sociales y económicos para «garantizar unas condiciones dignas a todas estas personas que son una pieza esencial de nuestro tejido productivo y tienen que también serlo de nuestra sociedad».
