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Organizaciones de protección a la infancia como Save The Children y Plataforma de Infancia han pedido a Meta que se responsabilice de la seguridad de los menores «desde el origen», sin necesidad de «depender de acciones judiciales» para que sus derechos se respeten. Al tiempo, han calificado de «insuficiente» el acuerdo alcanzado en Estados Unidos.
Según pudo saber este jueves Europa Press, META no implementará estas nuevas medidas de seguridad fuera de Estados Unidos por el momento. La compañía, que ya cuenta con protección para los adolescentes y ofrece controles a los padres (las denominadas cuentas para adolescentes) supervisará cómo funcionan estos cambios en Estados Unidos y mantendrá un diálogo constructivo con los gobiernos para favorecer experiencias adecuadas a la edad en sus plataformas.
Tras el pacto alcanzado por la multinacional con un grupo de fiscales generales estadounidenses para evitar la continuidad del juicio por el diseño adictivo de sus aplicaciones, por el que se compromete a pagar cerca de 15.400 millones de euros y a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes, las ONG españolas se han pronunciado al respecto.
Precisamente, la especialista de Incidencia en Protección frente a la Violencia de Save the Children, Clara Burriel, ha subrayado que la responsabilidad de las plataformas debe estar incorporada «desde el diseño de los propios productos» y también en las políticas de las plataformas.
En este sentido, ha rechazado tener que «depender de acciones judiciales para que estos derechos se respeten» y ha instado a las empresas a desactivar por defecto la publicidad comportamental a menores y a eliminar los mecanismos que generan adicción.
Asimismo, Burriel ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas en España y en la Unión Europea para fijar marcos regulatorios con obligaciones legales específicas «sin necesidad de esperar a que el daño ya esté hecho».
Entre estas medidas, la experta ha reclamado la evaluación obligatoria del impacto en el bienestar infantil de cualquier servicio digital, la implantación de sistemas eficaces de verificación de edad y la fijación de auditorías externas periódicas para el sector privado.
Por su parte, la técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Marina López, ha señalado que aunque la resolución contra Meta deja claro que las empresas tienen «obligaciones y responsabilidad» sobre el uso que hacen los adolescentes de sus servicios, las medidas fijadas en el acuerdo estadounidense resultan limitadas.
López ha advertido de que, si bien el fallo aborda la reducción del tiempo de uso para evitar hábitos excesivos, «no establece nada sobre los contenidos nocivos».
«Sobre la violencia sexual, el bullying o incluso la protección de datos, todos ellos temas en los que se vulneran los derechos de la infancia y adolescencia», ha añadido.
Por eso, ha defendido que el entorno digital exige regulaciones más amplias que incluyan la erradicación de los denominados patrones oscuros, la moderación efectiva de contenidos y configuraciones privadas por defecto.
Finalmente, desde la Plataforma de Infancia han recordado que el marco internacional (como la Observación General 25 de la ONU), el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea y el futuro Proyecto de Ley para la protección de menores en el entorno digital en España marcan el camino legislativo adecuado.
López ha señalado que el foco en Europa debe mantenerse en la aplicación estricta de esta normativa para primar siempre el interés superior del menor sobre los intereses comerciales de las plataformas.
