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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han apelado al interés superior del menor ante el aval de la Comisión Europea a las devoluciones de migrantes en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.
Así lo han expresado en declaraciones a Europa Press después de que el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, haya defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados.
«Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas.
En este sentido, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, ha calificado las declaraciones de Lammert de «un lamentable error» que «debería corregir de inmediato por su propio interés».
«En España, los menores extranjeros no acompañados o sin referentes familiares cuentan con un régimen de protección jurídica reforzado basado en el interés superior del menor, en aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor», ha asegurado Valiente.
Asimismo, ha explicado que los menores migrantes no se les aplica el régimen general de extranjería y que quedan bajo la tutela de los servicios autonómicos desde su llegada. «Se considera que su situación es legal a todos los efectos», ha subrayado.
En esta línea, ha recalcado que «no hay menores ilegales», sino «menores en régimen de protección a la espera del reclamo de sus familiares o de su continuidad en España, si esto no fuera posible». «Insinuar otra cosa solo alimenta un debate sin sentido y las posiciones xenófobas más irracionales, justo lo contrario de lo que debería hacer la Unión Europea», ha advertido.
Ante este escenario, Valiente ha reclamado al conjunto de las autoridades «serenidad, ayuda en la gestión y un estricto cumplimiento» del ordenamiento jurídico español, «respetando los principios del derecho internacional y comunitario».
Lammert, preguntado sobre si cuando se refiere a «todos» también incluye a los menores de edad, obviando la protección especial que le atribuye el derecho comunitario, ha respondido que «esto está regulado por el Derecho de la UE» y que la directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, «incluidos los menores no acompañados».
Por su parte, Accem ha apuntado que el Reglamento de retorno no ha sido publicado en el Diario oficial de la UE, por lo que «no está en vigor». «En cualquier caso, si bien prevé que se puedan realizar retornos de menores no acompañados, se sitúan en un marco similar al nacional. Es decir, el interés superior del menor se mantiene como guía de la actuación de los Estados, teniendo que tener en cuenta su bienestar, desarrollo personal y seguridad», ha expuesto.
Además, la ONG ha puntualizado que durante el procedimiento de retorno existen unas «garantías y derechos» de los menores previstos que van «en la misma línea» que la ley de extranjería española.
«Se prevé derecho a ser oídos, teniendo en cuenta su edad y madurez, nombrarse representante que vele por su interés superior y las autoridades deben entender que el retorno se producirá o con su familia de origen, otras personas responsables o al sistema de protección de menores que tenga unas condiciones adecuadas», ha precisado.
Por otro lado, la portavoz de ACNUR, Paula Barrachina, ha señalado que «cualquier decisión sobre el futuro de un niño o niña no acompañado debe partir de su interés superior como consideración primordial y de una evaluación individual de sus circunstancias». «No puede presumirse que el retorno a un determinado país sea automáticamente la solución adecuada», ha añadido.
Igualmente, ha recalcado que la legislación española establece un marco específico de protección para los menores migrantes no acompañados y contempla, además, garantías y procedimientos antes de que pueda adoptarse una decisión sobre su retorno.
«En cada caso es necesario realizar una evaluación individual y adecuada de las circunstancias del menor, incluyendo sus necesidades de protección internacional, su situación familiar, sus vínculos y condiciones de acogida en el país de retorno, así como cualquier posible riesgo para su seguridad o bienestar», ha argumentado.
Si bien, ha pedido tener en cuenta que entre los menores puede haber niños con necesidades de protección internacional, para los que es «fundamental» garantizar el «acceso efectivo» a la información y a los procedimientos de protección internacional.
El objetivo, ha aseverado Barrachina, que «ninguna persona sea retornada a un lugar donde pueda estar expuesto a persecución, tortura, tratos inhumanos, violaciones de derechos humanos u otro tipo de persecución».
