Más de 100 organizaciones han firmado un manifiesto en el que piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigar al magistrado David Maman Benchimol, juez del caso contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada, por unas manifestaciones públicas sobre violencia machista que consideran «incompatibles» con la imparcialidad judicial.
Los hechos se remontan a febrero de 2026, cuando el magistrado realizó diversas afirmaciones durante un acto formativo en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, posteriormente difundidas en un vídeo por La Sexta este miércoles 22 de abril.
Según el escrito de las organizaciones, el magistrado realizó afirmaciones que trasladan una visión «estereotipada» de las mujeres. Entre ellas, destacan referencias a que algunas denunciantes buscan órdenes de protección de forma interesada -utilizando expresiones como «la caza de la orden»-, que existen «ventajas» para las mujeres al denunciar, y que en casos con menores las madres pueden influir en sus hijos mediante un supuesto «lavado de coco».
«Tales manifestaciones no son neutrales ni meramente académicas. Proyectan una visión estereotipada de las mujeres denunciantes de violencia y de las madres en procedimientos de familia o violencia, al insinuar un uso instrumental de la denuncia y una supuesta manipulación materna de los hijos e hijas», apuntan las organizaciones.
Igualmente, subrayan que este discurso «compromete de forma objetiva la confianza de las víctimas en recibir una tutela libre de prejuicios». En este sentido, recuerdan que la Constitución española garantiza el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, y obliga a los poderes públicos a evitar cualquier discriminación por razón de sexo.
Asimismo, advierten de que España está sujeta a compromisos internacionales como el Convenio de Estambul, que exige combatir los estereotipos de género y evitar la victimización secundaria en los procedimientos judiciales.
En su solicitud, las organizaciones piden al CGPJ que abra diligencias informativas para determinar si las manifestaciones del magistrado podrían constituir una infracción disciplinaria. En concreto, citan posibles faltas recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial relacionadas con la falta de consideración hacia la ciudadanía.
Además, reclaman que, en caso de apreciarse indicios suficientes, se incoe un expediente disciplinario y se adopten medidas para reforzar la formación en igualdad y derechos de las víctimas dentro de la jurisdicción especializada.
Entre las firmantes del manifiesto se encuentran feministas socialistas (FEMES), la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Federación de Mujeres progresistas, el PSOE, Foro Feminista de Castilla y León, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, y Alanna, entre otras.
