La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y nueve meses de prisión para dos acusados de tener más de 400 plantas de marihuana y diversas dosis de MDMA y ketamina en un enorme caserío urbano de la capital granadina convertido en casa okupa.
La Guardia Civil mantenía un dispositivo de vigilancia en el entorno de esta casa okupa para localizar a uno de los acusados y el 14 de noviembre de 2024 le sorprendieron saliendo del inmueble sobre las tres y media de la tarde; instantes después lo hizo el segundo encausado.
Puesto que de la casa emanaba un fuerte olor a marihuana y se escuchaba ruido de los aires acondicionados, los agentes hicieron uso de la orden judicial con la que contaban para registrar el inmueble.
Se trataba de un caserío urbano de unos 3.000 metros cuadrados de parcela donde se levantaban dos construcciones: una edificación principal de unos 300 metros cuadrados y otra secundaria algo menor.
En esta última los agentes localizaron una estancia destinada íntegramente a la producción de marihuana y hallaron 140 plantas en fase final de crecimiento.
La infraestructura desplegada para mantener el cultivo constaba de nueve focos halógenos, dos ventiladores, un aparato de aire acondicionado y un extractor.
En la edificación principal fueron descubiertas dos habitaciones más; en una de ellas había 188 plantas y en la segunda 106, además de 48 esquejes y todo el aparataje necesario para el cultivo de esta droga.
En una tercera habitación fueron localizadas y aprehendidas varias bolsas con 159,34 gramos de MDMA; 0,82 gramos de ketamina, 115 gramos de cannabis y 836 gramos de hojas de esta planta.
La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acusados traficaban con la marihuana y la droga encontrada, que en el mercado ilícito habrían alcanzado un valor de 14.330 euros.
Además, las instalaciones eléctricas dispuestas en las diferentes estancias del caserío para mantener las plantaciones estaban conectadas a la red mediante un enganche ilegal. El Ministerio Fiscal fija en 879 euros el perjuicio económico ocasionado con ello a la empresa suministradora.
La Fiscalía les acusa así de un delito contra la salud pública por el que pide que, además de la pena de prisión, sean condenados a una multa de 30.000 euros. También les atribuye un delito leve de defraudación de fluido eléctrico por el que solicita una multa de 2.160 euros. Los hechos serán juzgados próximamente en la Audiencia de Granada.
