La Unión Europea ha reafirmado este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de la Justicia Penal, su «apoyo inquebrantable» al sistema internacional de justicia penal, incluido el Tribunal Penal Internacional (TPI), los tribunales 'ad hoc' y los órganos judiciales híbridos, y ha reclamado que estas instituciones puedan actuar libres de «presiones, intimidaciones o injerencias».
En un comunicado en nombre de los Veintisiete, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado al TPI de «piedra angular» del sistema internacional de justicia penal y ha subrayado que garantiza la rendición de cuentas «por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional», además de defender los derechos y la dignidad de las víctimas.
«La independencia, la imparcialidad y el funcionamiento eficaz del TPI deben preservarse y protegerse, y el tribunal debe poder cumplir su mandato libre de presiones, intimidaciones o injerencias. Es de suma importancia que la corte pueda continuar con las investigaciones en curso y los casos que se encuentran actualmente bajo consideración judicial, derivados de situaciones en todo el mundo», reza el escrito.
Kallas ha proseguido afirmando que en un momento en que las violaciones del Derecho Internacional siguen causando «un sufrimiento inmenso», la rendición de cuentas es «indispensable para la justicia, para la prevención de futuras atrocidades y para una paz sostenible».
Tras indicar que la justicia «debe situar a las víctimas en el centro» y que sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición «son una parte vital de la justicia penal internacional», ha reafirmado el compromiso de la UE con el TPI y con «la justicia internacional» y la lucha «contra la impunidad».
Las declaraciones de la UE se producen después de que tres magistradas del TPI presentaran el pasado mes de junio una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la imposición de sanciones en su contra.
El tribunal de La Haya emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En respuesta, Trump firmó en 2025 una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del TPI, además de a colaborades como la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesa Albanese. Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de entrada a Estados Unidos, incluyendo también a sus familiares inmediatos.
