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La Unión Europea ha expresado este viernes su preocupación por las largas penas de prisión confirmadas contra 40 opositores, activistas, defensores de los Derechos Humanos y periodistas en Túnez, y ha cuestionado que se hayan respetado plenamente las garantías de un juicio justo, después de que la justicia de ese país haya rechazado un recurso de los acusados.
En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha reaccionado así a los veredictos confirmados el jueves por el Tribunal de Casación tunecino en el conocido como juicio del 'complot contra la seguridad del Estado', que afecta a decenas de personalidades políticas y miembros de la sociedad civil, entre ellos ciudadanos de la Unión Europea.
Entre ellos se encuentran seis figuras políticas de la oposición (Jaouhar Ben Mbarek, Jayam Turki, Isam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi) que, según la ONG Amnistía Internacional, «han estado detenidas arbitrariamente desde que comenzó la investigación en febrero de 2023», y enfrentarán ahora penas de entre 13 y 66 años de cárcel.
«Persisten algunos interrogantes sobre el pleno respeto de las garantías vinculadas a un juicio justo», ha advertido en un comunicado la diplomacia europea, que ha reiterado a las autoridades tunecinas la importancia de garantizar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, así como el derecho a un proceso con todas las garantías.
El bloque comunitario también ha lamentado además que los contactos mantenidos con diplomáticos acreditados en Túnez, incluidos representantes europeos, hayan sido utilizados como «motivo de inculpación o elemento de cargo» contra algunos de los procesados.
En este contexto, ha instado a las autoridades tunecinas a «restablecer las condiciones necesarias» para que el pluralismo y las voces independientes puedan contribuir al desarrollo del país, después del deterioro democrático denunciado en los últimos años por la oposición y organizaciones de Derechos Humanos.
«La Unión Europea reafirma su compromiso con su asociación con Túnez y seguirá apoyando a su pueblo en los esfuerzos por consolidar las instituciones democráticas y promover los Derechos Humanos. Hacemos un llamamiento a las autoridades tunecinas para que restablezcan las condiciones necesarias para que el pluralismo y las voces independientes puedan contribuir al desarrollo del país», concluye el escrito.
Los acusados fueron condenador en abril de 2025 tras haber sido señalados por conspirar contra la seguridad interna y externa del Estado, vínculos con grupos terroristas, atacar la integridad del Estado e incitación a la violencia, entre otros delitos.
El caso emerge de la decisión del presidente tunecino, Kais Saied, de arrogarse en 2021 las competencias del Parlamento, dominado por la formación islámica Ennahda, que procedió a disolver, en lo que la oposición describió como un autogolpe de Estado. Noureddine Bhiri, Sahbi Atig y Said Ferjani son tres condenados que pertenecen a esa formación.
