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El proyecto de ley por el que se reforman las leyes de discapacidad y dependencia pasará este miércoles 16 de septiembre su último examen en el Congreso, que deberá votar si ratifica o rechaza los cambios introducidos a su paso por el Senado.
El texto que llega esta semana a la Cámara baja, incluye 45 enmiendas del PP, entre otras, la eliminación de la LOMLOE de la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial.
El Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles la reforma con el apoyo de PP, PSOE y Junts y la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana y EH Bildu, que se abstuvieron. En total, el texto obtuvo 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún voto en contra.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, cuyo departamento es el impulsor de esta reforma, pidió este viernes el «apoyo unánime» de todos los grupos parlamentarios de cara a la votación en el Congreso.
«A pesar de las dificultades del momento político nacional e internacional, bueno, pues espero que del Congreso de los Diputados salga un mensaje unánime, salga un apoyo unánime, a la que va a ser la mayor reforma social de la legislatura y la mayor transformación de nuestro sistema de protección social en décadas», subrayó Bustinduy, tras visitar un edificio de Madrid para visibilizar la falta de accesibilidad.
Precisamente, ha explicado que esta será una de las mejoras introducidas por la reforma en la que se incluye a su vez la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos tengan la obligación de solicitar las ayudas públicas correspondientes para poder acometer las obras, por ejemplo, para instalar rampas o ascensores en los edificios.
Entre otras medidas, la reforma también elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia e incorpora la figura del asistente personal.
Asimismo, blinda por ley la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación —la reforma se vincula a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027—.
Durante el debate del dictamen en el Pleno del Senado, los socialistas pidieron la vuelta al texto original mientras que los 'populares' criticaron que «los derechos sin financiación es hipocresía social» y defendieron los cambios introducidos. Entre otros, destacaron que revisan «los criterios de prioridad en el acceso a los servicios» y rebajan «el IVA al 4% a las obras de accesibilidad en la vivienda habitual y zonas comunes de un edificio».
