La Plataforma de Infancia ha advertido del riesgo de que el control migratorio, con la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevalezca sobre los derechos de los menores.
«Existe el riesgo de que prevalezca una lógica centrada en el control migratorio frente a un enfoque basado en los derechos de la infancia, lo que podría traducirse en interpretaciones restrictivas y en una reducción de los estándares de protección ya consolidados», ha asegurado, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este sábado 20 de junio.
En este sentido, ha pedido que la implementación del Pacto en España, en vigor desde el 12 de junio, sitúe los derechos de la infancia «en el centro de todas las medidas que se adopten, garantice una protección reforzada para las niñas, niños y adolescentes que solicitan protección internacional ya que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y no rebaje los estándares de protección en derechos de la infancia».
«Se trata de niñas, niños y adolescentes que huyen de conflictos armados, pobreza, desigualdad, desastres naturales, violencia de género o persecución por motivos de orientación o identidad sexual. En el caso de las niñas y adolescentes no acompañadas, los riesgos se agravan y pueden incluir matrimonios forzados, explotación sexual o embarazos precoces», ha aseverado la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.
Para la Plataforma, la implementación es «decisiva» para determinar la protección que recibirán los niños y adolescentes migrantes y refugiados en España. En esta línea, ha valorado «positivamente» la consulta pública abierta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para adaptar la normativa española a la nueva Directiva de Acogida, a la que las organizaciones de infancia han trasladado sus aportaciones.
Entre las principales medidas reclamadas por las organizaciones de infancia se encuentra el nombramiento «ágil y eficaz» de representantes legales para niños y adolescentes no acompañados, la prohibición de la detención por motivos migratorios, al ser «incompatible» con su interés superior, la garantía del principio de unidad familiar y la implantación de un procedimiento uniforme para evaluar y determinar el interés superior del menor en el marco del sistema de acogida.
La entidad también ha señalado la necesidad de atender «adecuadamente» las situaciones de la infancia separada, es decir, de menores que no viajan con sus madres, padres o tutores legales, pero sí acompañados por otros adultos de referencia.
Asimismo, ha reclamado que esta realidad sea reconocida de forma específica en la normativa y que se eviten «separaciones cautelares automáticas», salvo que se aprecie peligro o indicios objetivos de trata o desprotección que así lo aconsejen.
Por otro lado, la Plataforma de Infancia ha mostrado «preocupación» ante el nuevo Reglamento de Retorno de la Unión Europea. «Consideramos que estas disposiciones podrían resultar incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño y suponer una vulneración de derechos fundamentales de la infancia», ha concluido Escorial.
