Artículo completo
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por las detenciones masivas registradas en India en el marco de las multitudinarias protestas de los últimos días en Nueva Delhi, la capital del país, mientras las autoridades indias han rechazado las críticas del organismo internacional al considerar que constituyen una «injerencia inaceptable» en sus asuntos internos.
El portavoz del Alto Comisionado, Thameen al Kheetan, ha alertado de los informes sobre arrestos de manifestantes, dirigentes de las movilizaciones, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas, abogados y periodistas en el marco de estas concentraciones.
Ante esta situación, Naciones Unidas ha instado a las autoridades indias a respetar «plenamente» el derecho de reunión pacífica de sus ciudadanos y ha subrayado que cualquier limitación de estas protestas debe ajustarse a «criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad».
El organismo también ha pedido a las fuerzas de seguridad que actúen con máxima moderación frente a los manifestantes, en consonancia con las tradiciones democráticas de India y los compromisos internacionales del país en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado ha reclamado la puesta en libertad «de inmediato y sin condiciones» de todas las personas que han sido, a su juicio, detenidas «arbitrariamente». Además, ha instado al Gobierno a entablar un diálogo constructivo para dar respuesta a las preocupaciones expresadas en el contexto de las movilizaciones.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de India ha asegurado que ha tomado nota de las declaraciones de la oficina del Alto Comisionado en relación a los acontecimientos registrados el día anterior en Nueva Delhi, pero ha calificado de injustificadas las preocupaciones trasladadas por Naciones Unidas.
En su respuesta, el Ejecutivo indio ha reivindicado al país como «la mayor democracia del mundo» y ha defendido que el derecho de reunión pacífica está recogido en la Constitución y amparado por «instituciones sólidas, un poder judicial independiente y una prensa libre».
El Ministerio ha señalado que, como en cualquier sistema democrático, el ejercicio de este derecho está sujeto a la preservación del orden público y de la seguridad. En este sentido, ha asegurado que las fuerzas policiales actúan «estrictamente conforme a la ley» y ha recordado que los ciudadanos disponen de los tribunales para presentar sus reclamaciones y obtener una resolución.
Sobre esta base, la diplomacia india ha rechazado las observaciones de la oficina de Naciones Unidas y ha sostenido que su pronunciamiento supone una «intromisión inaceptable» en los asuntos internos del país.
El Gobierno indio ha cuestionado también la imparcialidad del organismo internacional, al que acusa de mantener una actitud de «extrema selectividad» a la hora de pronunciarse sobre distintas situaciones relacionadas con las protestas y la actuación de las fuerzas de seguridad.
En concreto, ha reprochado a la oficina del Alto Comisionado que no haya comentado las respuestas violentas a las manifestaciones en la región ni determinadas actuaciones policiales en su propio ámbito de actuación.
A juicio de Nueva Delhi, esta diferencia de criterio constituye un «doble rasero» que debilita la credibilidad de las posiciones expresadas por el organismo y contribuye a erosionar la confianza en el multilateralismo.
El intercambio de declaraciones tiene lugar mientras continúan en la capital india las manifestaciones para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral Central, Gyanesh Kumar, nombrado en el cargo por el primer ministro, Narendra Modi, y acusado de manipular el censo electoral para beneficiar a la formación de este último.
En el marco de estas movilizaciones, convocadas por el movimiento Partido de las Cucarahas (CJP), alrededor de 3.000 personas han sido arrestadas durante la jornada del sábado en la ciudad de Nueva Delhi, donde además se ha reportado la cancelación de más de 250 trenes y el cierre de hasta 45 estaciones de estaciones de metro.
