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La Fiscalía General del Estado advierte en su memoria anual de 2026, correspondiente al año anterior y publicada este jueves, las «dificultades detectadas para materializar la ejecución de expulsiones» de ciudadanos procedentes de Marruecos incursos en procedimientos penales, pese a concurrir los requisitos legamente establecidos.
«Varias Fiscalías (Sevilla, Illes Balears, Valencia, Murcia y Zaragoza) subrayan que los consulados de Marruecos y Argelia mantienen una posición extremadamente restrictiva. Así, Marruecos solo acepta la repatriación si el interesado presenta pasaporte original en vigor, documento que muchos penados ocultan deliberadamente y, Argelia, por su parte, prácticamente no documenta expulsiones, hasta el punto de que en algunas provincias esta vía se considera materialmente inviable», señala la Fiscalía en su informe, consultado por Europa Press.
En este sentido, precisa que, según las memorias territoriales, la ejecución efectiva de estas expulsiones, tanto las acordadas durante la fase de instrucción conforme al artículo 57.7 de la Ley de Extranjería (LOEX) como las impuestas en sentencia al amparo del artículo 89 del Código Penal, «continúa viéndose obstaculizada por problemas estructurales persistentes que, lejos de disminuir, se han consolidado como uno de los principales factores que comprometen la eficacia real de este instrumento legal».
Entre las causas de la «tardanza», destaca «el colapso que sufren los órganos judiciales, la no localización del investigado o penado, la no resolución en sentencia de la expulsión y su retraso a la fase de ejecución, la existencia de otras responsabilidades penales pendientes, o simplemente, que el órgano sentenciador no comunica a la autoridad gubernativa puntualmente el fallo condenatorio».
Si bien, apunta que «el principal factor de frustración de expulsiones» vuelve a ser, un año más, «el déficit de documentación y la limitada colaboración consular».
En todo caso, precisa que algunas provincias ofrecen «un contrapunto positivo» y pone el ejemplo de Segovia, donde de 16 solicitudes de expulsión, 14 fueron autorizadas y 13 de ellas llegaron a ejecutarse efectivamente. Esto demuestra, según la Fiscalía, que «cuando los elementos administrativos y documentales confluyen adecuadamente, la expulsión sigue siendo una herramienta eficaz».
