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La Fiscalía General del Estado ha destacado un «considerable aumento» de la práctica de pruebas preconstituidas con menores de edad como consecuencia de la reforma legal de 2021, aunque advierte de problemas que dificultan su correcta realización en algunos territorios, como las «deficiencias técnicas», la «falta» de recursos o de «profesionales» en el turno de guardia. También pone de relieve la expansión del modelo Barnahus.
La prueba preconstituida permite grabar previamente el testimonio de los menores para que solo tengan que realizar una única narración de los hechos y evitar así que tengan que repetir su relato en múltiples ocasiones o comparecer en el juicio oral.
Según constata la Fiscalía en su memoria anual, publicada el pasado jueves y consultada por Europa Press, «hay múltiples referencias en las memorias relativas al considerable aumento de la práctica de esta prueba» como consecuencia de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
La Fiscalía destaca el caso de Barcelona donde «en 85 casos» no se ha estimado necesaria la comparecencia personal de menores víctimas en juicio, utilizándose la prueba preconstituida. Si bien, también apunta que «la concurrencia de deficiencias técnicas en la realización de esta prueba (mal sonido, mala imagen)» ha originado problemas.
En concreto, la institución refleja que estas «deficiencias», en algún supuesto, han desembocado en la «impugnación por parte de la defensa, declarando su nulidad en una ocasión por la Audiencia Provincial», lo que obligó a que menores de 11 y 15 años tuvieran que testificar nuevamente en un juicio de abusos sexuales.
Asimismo, avisa de que varias fiscalías territoriales han informado de «una problemática estructural y material ajena a las mismas», particularmente en provincias con falta de infraestructuras. Así, señala que Teruel «informa de la falta de recursos en esa provincia, pues la ausencia de Sala Gesell obliga a la derivación de la práctica de las pruebas preconstituidas con menores a Zaragoza para salvaguardar los derechos de las víctimas».
Al mismo tiempo, alerta de que, en otros casos, los obstáculos se producen por «falta de profesionales en el servicio de guardia», como en Soria, una carencia que impide que los fiscales cuenten con «base necesaria para fundamentar la petición de medidas cautelares», según explica.
En relación con los centros Barnahus, la Fiscalía pone de relieve su expansión como modelo de atención integral a menores víctimas de delitos sexuales. Estos centros agrupan en un mismo espacio todos los recursos que intervienen en un caso de violencia sexual infantil (policía, servicio de protección a la infancia, justicia, psicología y medicina forense) para reducir las evaluaciones y entrevistas, y proporcionar un entorno amigable con los niños.
Por ejemplo, precisa que desde la inauguración, hace seis años, de la unidad Barnahus en Tarragona —pionera en la implantación de este modelo en Cataluña— «se han atendido un total de 106 casos en 2020, 197 en 2021, 264 casos en 2022, 236 en 2023 y 268 en 2024», lo que demuestra, a su juicio, que «en estos años se ha producido un aumento notable de casos».
La institución explica que el modelo Barnahus funciona bajo el principio de que «el niño sólo debe entrar en un espacio, traspasar una sola puerta, mientras que son los distintos profesionales los que se desplazan a la Barnahus para realizar sus cometidos».
La Fiscalía indica que la provincia de Tarragona cuenta actualmente con tres Barnahus operativas y que «el modelo Barnahus se ha extendido por todo el territorio de la comunidad autónoma, donde se han puesto en marcha 13 Barnahus más».
No obstante, a pesar de los avances en la implementación, la memoria avisa de que persisten desafíos en algunas provincias donde «siguen existiendo los mismos problemas en lo relativo a los medios técnicos empleados y conexión con las salas de vistas».
