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La Fiscalía General del Estado avisa en su memoria anual, referida al año 2025 y, por tanto, previa a la entrada del pasado 30 y 31 de julio, de una «llegada masiva» de menores migrantes no acompañados «con entrada mayoritaria por las Islas Canarias y Ceuta».
«Durante el año 2025 se ha vivido una llegada masiva de menores extranjeros con entrada mayoritaria por las Islas Canarias y Ceuta, motivando que fueran declarados dichos territorios en situación de contingencia migratoria», señala la Fiscalía en su memoria, publicada este jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press.
Además, la institución señala que estas llegadas han provocado una acumulación de expedientes de determinación de la edad debido a «falta de medios personales y materiales».
Así, precisa que a lo largo de este ejercicio se han incoado 7.999 expedientes de esta naturaleza, «experimentando un insignificante descenso del 1,73%», pero añade que estaban «pendientes de resolver 3.904 a 31 de diciembre», un retraso que, según explica, «responde a la falta de medios personales y materiales para acometer el volumen de trabajo que genera determinar la edad civil de personas extranjeras indocumentadas».
Además, la Fiscalía advierte de que esta «llegada masiva» genera «un riesgo de creación de macrocentros con un elevado número de plazas que dificulta el trabajo individualizado con las personas menores de edad, y por ende su integración y desarrollo educativo en España».
Si bien, advierte de que la situación de «crisis» reflejada en la memoria de 2025 es mejor que la de 2024, «constatándose un descenso de llegadas, que ha permitido adaptar los recursos de protección a su función socio-educativa, y garantizar a los menores la cobertura de sus necesidades básicas».
Al mismo tiempo, afirma que tanto las entidades públicas como las autoridades policiales han sabido coordinarse para «agilizar su documentación y otorgarles una identidad».
Respecto a las entradas irregulares de migrantes, tanto de menores como de adultos, la Fiscalía se hace eco del descenso «notable» de llegadas (vía marítima o a través de las vallas de Ceuta y Melilla) en 2025, alcanzando los 17.990 inmigrantes frente a los 24.902 del año anterior, aunque precisa que «los números arrojados por las estadísticas han continuado siendo muy importantes».
Por ello, apunta que han «seguido manteniendo una línea de coordinación constante» con los fiscales de las zonas afectadas, además de con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializadas, «en aras a coordinar las investigaciones surgidas relacionadas con la inmigración ilegal, de gran complejidad por su vinculación con la delincuencia organizada trasnacional».
«Las entradas por estos canales irregulares suponen un incremento importante de la actividad y compromisos de los/as fiscales delegados/as de las zonas afectadas y de esta Unidad, pues lleva aparejada multitud de problemas, no solo relativos a implementar lo necesario para perseguir las conductas delictivas de tráfico, sino también para garantizar los derechos de los inmigrantes en los centros de acogida y de internamiento, adquiriendo especial relevancia todas las cuestiones surgidas por el aumento progresivo de posibles menores no acompañados», subraya.
Por otro lado, en cuanto a las visitas a los centros de protección de menores, la memoria refleja que se ha experimentado un incremento del 7,4% en los expedientes de visitas a estos centros respecto al año 2024.
Si bien, avisa de que en provincias como Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife, «el elevado número de centros de protección y de primera acogida y la escasa plantilla de fiscales, implican un esfuerzo considerable para poder realizar de forma regular las correspondientes visitas de inspección y control, por lo que se compatibilizan las presenciales con las telemáticas».
En este sentido, la Fiscalía califica de «preocupante» la «insuficiencia de centros específicos para menores con problemas de conducta» y puntualiza que hay provincias que carecen de los mismos como Baleares, Navarra, Toledo, Burgos, Extremadura, Cádiz, Palencia, Guadalajara, Cuenca, La Rioja, Huesca, Álava y Bizkaia.
Esto supone, según indica, que menores con «comportamientos disruptivos» convivan con menores en fase de integración educativa, «dificultando considerablemente» el trabajo con unos y otros. También advierte de la necesidad de contar con programas en salud mental de atención a la infancia y adolescencia, tanto residenciales como ambulatorios.
