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La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta el pasado julio, María Tardón, ha solicitado al juzgado de la ciudad autónoma que le remita la causa contra el delegado del Gobierno allí, Miguel Ángel Pérez.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada solicita que le remitan las diligencias abiertas por denuncias o querellas contra Pérez para valorar si deben incluirse en la causa de la Audiencia Nacional.
Tardón traslada al juzgado ceutí el auto por el que asumía la investigación sobre la entrada masiva y para que, «a su vista, valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue».
Esta petición llega después de que la Fiscalía de Ceuta solicitase que las diligencias abiertas contra Pérez fueran remitidas a la Audiencia Nacional, al considerar que los hechos investigados guardan relación con la causa que ya tramita Tardón.
Las organizaciones Manos Limpias y Hazte Oír presentaron unas denuncias contra el delegado del Gobierno de Ceuta por su presunta actuación ante las informaciones y avisos recibidos antes de la llegada masiva de migrantes.
Manos Limpias sostiene que Pérez pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado, a su juicio, las medidas necesarias ante las advertencias existentes.
Tardón asumió la competencia de la causa porque podrían haberse cometido «conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España».
La jueza señaló en un auto que lo ocurrido en la ciudad autónoma se trata de «una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España», mediante flujos migratorios irregulares que «han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta»
Asimismo, apuntó a «permisividad» y «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos» que «se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad» del país magrebí.
En esta causa, el Estado está personado como acusación particular y perjudicado, así como la ciudad de Ceuta, mientras que PP, Vox, Hazte Oír o Iustitia Europa ejercen las acusaciones populares.
