El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido este martes la necesidad de que el Tribunal Supremo (TS) realice un «análisis» sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes puesto en marcha por el Gobierno, que «dé la máxima transparencia y la máxima legalidad».
Así lo ha expresado el dirigente 'popular' en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si se puede paralizar el proceso después de que el Supremo haya planteado a comunidades autónomas que lo recurrieron que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la «duda» de «si podría entrar en colisión» con normativa comunitaria.
«Este caso está en manos del Tribunal Supremo y es a quien corresponde el análisis para que dé la máxima transparencia y la máxima legalidad a cualquier decisión que se adopte», ha respondido el vicesecretario de Hacienda del PP.
En este sentido, Juan Bravo ha añadido que también se están conociendo «las formas en las que se está realizando» el proceso y cree que «es de recibo que haya un análisis desde la vía jurisdiccional para que nadie ponga en duda que esto no es una guerra partidista, sino que es un análisis de la realidad de lo que se está haciendo y de las cosas que no se están haciendo bien».
«Y, en este caso, dejemos que el Tribunal Supremo sea el que se pronuncie y veremos cómo encontramos respuestas a estas circunstancias», ha declarado el dirigente del PP coincidiendo con el último día para presentar solicitudes de regularización.
A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.
«El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE», el Pacto de Migración y Asilo, indica el TS.
