El grupo provincial de Izquierda Unida (IU) en la Diputación Provincial de Granada ha registrado una moción en la que exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que destine los recursos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 exclusivamente a políticas públicas y a la consolidación de un parque habitacional permanente.
«Con esta iniciativa, la formación de izquierdas busca dar una respuesta estructural a la grave emergencia que sufre la provincia, garantizando que el acceso a un hogar deje de ser un activo financiero dictado por el mercado especulativo para volver a ser un derecho fundamental, tal y como ampara el artículo 47 de la Constitución Española», señalan en un comunicado.
IU apunta que la provincia de Granada atraviesa una de las situaciones más críticas de las últimas décadas en materia de vivienda, y aluden a que el incremento sostenido y abusivo de los precios de alquiler y compra, la turistificación, la insuficiencia histórica del parque público y la especulación descontrolada sobre el suelo, «está expulsando a la población trabajadora de sus barrios». «Actualmente, jóvenes, familias vulnerables y personas con rentas medias y bajas encuentran barreras insalvables para acceder a un hogar y desarrollar proyectos de vida estables», agregan.
Ante este escenario, IU subraya la necesidad de revertir las políticas neoliberales. Según recoge el texto de la moción, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, representa una «oportunidad histórica» para cambiar el paradigma. En este nuevo esquema de financiación territorial, el Estado asume el 60% de la inversión, mientras que las Comunidades Autónomas deben aportar el 40% restante para desplegar las ayudas.
La diputada y portavoz provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha sido tajante al defender el texto de la moción: «Resulta imprescindible que las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía como administración competente, destinen estos recursos íntegramente a la creación, ampliación y mantenimiento de un parque público estable».
«Las administraciones públicas deben gestionar directamente estas viviendas, evitando cualquier rendija legal que permita su privatización, venta o cesión a grandes tenedores o entidades privadas con ánimo de lucro», añade.
Uno de los ejes centrales de la moción de IU es la reclamación de la «calificación permanente y a perpetuidad» del suelo y de las viviendas protegidas que se promuevan con financiación pública.
Desde la organización de izquierdas advierten que el modelo histórico de descalificación temporal «ha sido un fracaso deliberado que solo ha servido para alimentar burbujas especulativas y enriquecer a unos pocos a costa de los recursos del Estado».
Asimismo, la iniciativa presentada solicita a la Comunidad Autónoma de Andalucía la instauración de mecanismos reales de control, transparencia y evaluación pública sobre la ejecución presupuestaria del Plan 2026-2030. También exige que se garantice por ley la participación de los ayuntamientos y de las organizaciones sociales y plataformas en defensa de la vivienda en el seguimiento continuo de estas políticas.
La moción no solo interpela al gobierno autonómico, sino que insta también al Gobierno de España a mantener y blindar estructuralmente la financiación estatal destinada a la vivienda pública en los próximos ejercicios.
