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IU ha reclamado este miércoles al Gobierno que detalle por escrito qué medidas concretas prevé adoptar ante las «formas de guerra híbrida no convencional» que atribuye a Marruecos a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y pregunta, entre otras cuestiones, si revisará la política de ciberseguridad como una política de Estado integrada en la seguridad nacional, a'poyando a empresas españolas, y con mayor autonomía respecto de Estados Unidos y la OTAN.
En las preguntas registradas en el Congreso para su respuesta por escrito, a las que ha tenido acceso Europa Press, plantean también si el Ejecutivo prevé fomentar la creación y consolidación de empresas españolas de ciberseguridad y priorizar tecnologías desarrolladas en el ámbito europeo o nacional, especialmente en sectores sensibles para la seguridad nacional.
En ese contexto, los diputados de IU adscritos al grupo de Sumar Enrique Santiago, Francisco Sierra y Félix Alonso quieren saber si el Gobierno de España impulsará empresas públicas o de capital mixto con participación mayoritaria del Estado y se evitará el modelo liderado por la estadounidense Palantir Technologies.
Los parlamentarios preguntan también al Ministerio de Defensa si tiene previsto revisar y definir su política de contratación de armamento para reducir la dependencia de Estados Unidos e Israel, así como si revisará la localización en territorio nacional de infraestructuras tecnológicas estratégicas, centros de análisis de amenazas y capacidades avanzadas de ciberseguridad dependientes de la OTAN que puedan afectar a la soberanía digital.
Tirando de ironía, IU aprovecha su batería de preguntas para que el Gobierno diga si ve suficiente la iniciativa de la vicepresidenta de la Comisión Europea, la finlandesa Henna Virkkunen,de crear un canal en TikTok y Meta para combatir la desinformación y los bulos sobre Ceuta.
Pide saber también si el Gobierno prevé revisar el alineamiento de la política nacional con los marcos europeos e internacionales de la Unión Europea, «trascendiendo» el marco de la Alianza Atlántica en favor de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Los diputados de Sumar preguntan igualmente al Gobierno del que forman parte si dispone de alternativas de cooperación multilateral que permitan reforzar ejes de actuación con los BRICS —el grupo de economías emergentes formado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— y otros socios que califica de «fiables», frente a la «actual dependencia» de proveedores de Estados Unidos e Israel.
Los requirientes sostienen que la reciente crisis fronteriza en Ceuta debe analizarse desde las denominadas formas de guerra híbrida no convencional y describen una presión «migratoria, diplomática y digital» que, según la iniciativa, se mantiene por debajo del umbral que justificaría una respuesta militar convencional.
IU considera que este escenario «no puede desvincularse» del triángulo estratégico formado por Marruecos, Estados Unidos e Israel y afirma que, con apoyo de Washington y Tel Aviv, Rabat ha perfeccionado el uso de tácticas asimétricas para avanzar en sus objetivos soberanistas y ejercer presión política.
Según explican, la naturaleza de esta «guerra híbrida» radicaría en la explotación deliberada de la denominada «zona gris», que define como un espacio de conflicto en el que Marruecos ejercería presión coercitiva sin recurrir a la fuerza militar convencional ni declarar una guerra abierta. Su objetivo principal, añaden, no sería la conquista territorial inmediata, sino la «desestabilización política», el «chantaje institucional» y la obtención de concesiones geopolíticas.
Entre estas acciones, figura como principal la «instrumentalización de los flujos migratorios masivos», mediante la apertura de los espigones y la «inacción deliberada o la facilitación logística» de las fuerzas de seguridad marroquíes, así como la utilización de la población migrante como elemento de presión sobre las capacidades asistenciales, sanitarias y policiales de Ceuta.
Estos diputados mencionan también los bloqueos comerciales mediante el cierre de las aduanas, la presión institucional y la «guerra digital y ciberespionaje», y cita como ejemplo el uso del programa israelí Pegasus para intervenir teléfonos de miembros de la cúpula del Gobierno.
La iniciativa subraya además que representantes diplomáticos y analistas próximos al Gobierno israelí han utilizado foros internacionales para calificar a Ceuta y Melilla de «enclaves coloniales anacrónicos», con el objetivo de equiparar la presencia española en África con la ocupación de territorios en Oriente Próximo y «deslegitimar la autoridad moral de Madrid».
Afirman también que, a cambio de la normalización diplomática con Marruecos, Israel proporciona al reino alauí sistemas de seguridad fronteriza, drones de vigilancia y sistemas de defensa antimisiles de última generación, como el Barak MX, que dotarían a Rabat de capacidades avanzadas para vigilar sus fronteras.
En relación con Estados Unidos, IU señala que Washington es actualmente el mayor proveedor de armamento de Marruecos y cifra en un 60% su peso en las importaciones marroquíes de defensa. A su juicio, esa dependencia, junto a la de proveedores tecnológicos no europeos, sitúa a España «en una posición de vulnerabilidad» en ámbitos como la ciberseguridad, las comunicaciones, la inteligencia artificial o la computación cuántica.
