La confederación Impulsa Igualdad ha emitido una valoración crítica del nuevo plan estatal de vivienda al no «asumir la dimensión estructural de la exclusión residencial que afecta al colectivo de personas con discapacidad» y ha lamentado la falta de una «política decidida» para incrementar la oferta de vivienda accesible.
La organización ha indicado que la falta de una interlocución con las entidades del sector ha producido un cambio de enfoque «absolutamente insuficiente». Para la organización, el plan sigue integrando la accesibilidad dentro del bloque de rehabilitación, como una línea de actuación más entre las de conservación, habitabilidad o eficiencia energética, «en lugar de reconocerla como una condición básica del derecho a la vivienda y de la igualdad de oportunidades».
«No es lo mismo una obra de mejora energética que una intervención sin la cual una persona no puede entrar en su casa, usar un baño o vivir fuera de un recurso institucional», ha señalado la entidad.
Entre los déficits concretos identificados Impulsa Igualdad destaca «la ausencia de la mirada del colectivo, falta de una política decidida para incrementar la oferta de vivienda accesible, La ausencia de indicadores de impacto específicos y el mantenimiento de obstáculos fiscales ya que determinadas ayudas de accesibilidad siguen computando como incremento de renta, perjudicando a quienes deberían ser los principales beneficiarios de la política pública».
«La vivienda accesible no puede seguir tratándose como una mejora técnica equiparable a cualquier otra intervención. Para miles de personas con discapacidad, es la diferencia entre vivir con autonomía o quedar atrapadas en la dependencia, el aislamiento y la exclusión», ha apuntado la entidad.
Por ello, Impulsa Igualdad exige al Gobierno que abra un proceso de diálogo real con las entidades representativas de las personas con discapacidad «para incorporar una perspectiva de igualdad genuina en el desarrollo y ejecución del Plan, con indicadores propios, financiación diferenciada y un marco normativo que sitúe la accesibilidad universal como derecho y no como opción».
