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La secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Ana Peláez Narváez, ha advertido de los riesgos que supondría que la discapacidad perdiera visibilidad, financiación específica y mecanismos de seguimiento en el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, según ha manifestado en una entrevista para el proyecto 'El Sillón de la Europa Social' del Cermi.
Peláez ha subrayado que el reconocimiento normativo de los derechos debe ir acompañado de los instrumentos económicos necesarios para garantizar su ejercicio real, afirmando que «si no se cuenta con esa financiación, los derechos no se pueden ejercer» durante la conversación en la que analiza los desafíos que plantea el nuevo Marco Financiero Plurianual.
La representante europea ha destacado que el Pilar Europeo de Derechos Sociales incorpora, en su principio 17, el derecho de las personas con discapacidad a disponer de apoyos, servicios y condiciones que permitan su participación plena en el empleo y en la sociedad, lo que requiere de una financiación adecuada.
Peláez ha subrayado la importancia que han tenido los fondos europeos, especialmente el Fondo Social Europeo, para impulsar oportunidades laborales, combatir situaciones de exclusión y fortalecer la cohesión social en las últimas décadas de integración europea.
Ante la negociación del presupuesto comunitario para 2028-2034, ha advertido de que la integración de distintas prioridades en estructuras financieras más amplias no debería traducirse en una pérdida de atención específica a las personas con discapacidad, reclamando que los compromisos sociales se reflejen en partidas identificables, objetivos definidos y mecanismos de seguimiento.
La secretaria general del EDF ha asegurado «no tener ninguna duda de que el mayor aporte que ha hecho la Unión Europea a los derechos de las personas con discapacidad ha sido la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas», considerando que esta representa «la piedra angular» sobre la que deben construirse las políticas comunitarias en materia de discapacidad.
Peláez ha recordado que este compromiso internacional obliga a trasladar los derechos reconocidos a las decisiones legislativas, las estrategias públicas y los presupuestos, señalando la importancia de atender las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y avanzar en las obligaciones todavía pendientes, entre ellas la adhesión de la propia Unión a su Protocolo Facultativo.
La representante europea ha reclamado que la discapacidad figure expresamente en los objetivos, indicadores y sistemas de seguimiento de las políticas europeas, advirtiendo de que la ausencia de información desagregada puede dificultar la identificación de las desigualdades y la evaluación de si las inversiones públicas están llegando efectivamente a quienes más las necesitan.
Peláez ha dedicado especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad, cuya situación exige incorporar de manera transversal la perspectiva de género y discapacidad en las políticas comunitarias, llamando la atención sobre las desigualdades añadidas que afrontan en ámbitos como el empleo, la educación, la salud, la protección frente a la violencia y el acceso a recursos económicos.
La secretaria general del EDF ha insistido en que «una Europa social inclusiva requiere tanto financiación como participación efectiva de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas».
