El Gobierno ha defendido que exigir el enfoque abolicionista de la prostitución en subvenciones «no limita la concurrencia», según se desprende de una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, a preguntas del PP.
«La exigencia de coherencia con la consideración de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contra las mujeres no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público», asegura el Ejecutivo.
Así lo pone de manifiesto después de que el Ministerio de Igualdad iniciase recientemente la tramitación de una modificación de las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres, en la que apuesta por excluir de recibir ayudas a entidades que no sean abolicionistas de la prostitución.
En esta línea, defiende que el cumplimiento del requisito de «reconocer» la prostitución como «forma de violencia» contra las mujeres, «no limita la concurrencia competitiva», ya que explica que se puede hacer a través de la inclusión en los estatutos la entidad o alternativamente mediante la experiencia previa y contrastada de la entidad en proyectos de prevención, atención o investigación de las violencias contra las mujeres, incluidas aquellas vinculadas a la prostitución y la explotación sexual.
De este modo, expone que «no se obliga a modificar estatutos ni se excluye a entidades con solvencia técnica acreditada, sino que se garantiza que los fondos públicos se asignen a proyectos coherentes con la finalidad subvencionable, evitando que organizaciones sin compromiso o experiencia solvente con la erradicación de la violencia contra las mujeres reciban fondos destinados, precisamente, a prevenirlas y combatirlas».
