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El exCEO de Plus Ultra Roberto Roselli ha insistido este martes como investigado en la Audiencia Nacional en que desde la aerolínea dedicaron el 1% del rescate, 530.000 euros de los 53 millones que les concedió el Gobierno en la pandemia, a pagar a Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntas gestiones del expresidente del Gobierno a favor de esa ayuda.
Al igual que el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, que declaró un día antes, Roselli se ha ratificado en el escrito que presentó el pasado julio ante el juez del 'caso Plus Ultra' reconociendo el pago de dinero al socio para que Zapatero mediara en el rescate, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
Roselli ha declarado que se hicieron los pagos al socio, aunque ha precisado que desconoce qué tipo de gestiones habría realizado Zapatero y que él no habló con el exlíder socialista.
El exdirectivo de Plus Ultra ha señalado que daban por hecho que el destino final de los 530.000 euros era Zapatero, que pagaron a empresas de Martínez Martínez por informes sin relevancia para camuflar ese dinero y que fueron avisados días antes de que les iban a conceder el rescate, han asegurado las mismas fuentes.
La declaración, que se ha alargado tres horas, se enmarca en la investigación abierta por el juez José Luis Calama, que imputó a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno a ese rescate que otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 y otras operaciones, así como por las joyas tasadas en 1,3 millones y sin declarar que la Policía Nacional encontró en su despacho.
Tanto Roselli como Martínez Sola trasladaron sendos escritos al juez horas antes de renunciar a sus cargos en la compañía en julio y señalando que pagaron «elevadas cantidades de dinero» a Martínez Martínez por la supuesta mediación de Zapatero.
Según los exdirectivos, ellos «tuvieron plena conciencia» de que Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, y Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener».
A esa «pretensión de cobrar», las defensas de ambos exdirectivos lo definieron como «mordida», recogiendo una conversación entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y exconsejero de la aerolínea, intervenida por la Policía Nacional e incorporada en uno de los informes policiales remitidos al juez, en la que el exCEO de la aerolínea señaló: «Así que por ahí vendrá la mordida».
Martínez Sola y Roselli aseguraron que no «llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI», si bien admitieron que «como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero».
Para ello, la aerolínea pagó «elevadas cantidades de dinero», esto es, el 1% del valor del rescate, por «tales labores» y a las que, «eufemísticamente», llamaron «de acompañamiento», según el escrito.
Los directivos de la compañía explicaron que el pago del 1% del rescate, valorado en 530.000 euros, se realizó desglosado entre 2020 y 2025. Así, 249.000 fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, empresas vinculadas a Martínez Martínez.
Indicaron que aunque el socio de Zapatero «tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos», finalmente «aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase 'business' que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes» años.
Y detallaron que se emitieron unas 40 facturas por un coste de entre 6.050 y 7.250 euros con el concepto «Honorarios mensuales. Elaboración de informe», todo ello «pese a que no existió tal informe o la materialidad de los seis o siete informes que se hicieron llegar eran irrelevantes para Plus Ultra y simplemente» una actividad «encubridora».
Asimismo, expresaron que la aerolínea quiso realizar «una regularización completa y más exacta» del pago de 530.000 euros a las empresas de la supuesta trama, pero que la misma «quedó frustrada por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la datación de cuentas definitiva».
También reconocieron que «hubo otros pagos» al socio de Zapatero, cuyo valor no precisaron, a cambio de «intensas labores» que el empresario llevó a cabo en Venezuela, como la negociación del aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela.
Las defensas de ambos situaron en abril de 2020 los primeros pasos de la operación, todo ello debido a la paralización del espacio aéreo durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.
Martínez Sola y Roselli indicaron que Reyes contactó con el primero para consultarle «a qué contactos podrían arribar con personas en puestos de influencia» para «favorecer el acceso a cualquier tipo de ayuda».
Siguiendo el relato de los exdirectivos de Plus Ultra, Reyes le emplazó para que contactara con Manuel Fajardo, quien, a su vez, le indicó que Zapatero «podría ayudarle y que éste y Martínez Martínez se pondrían en contacto con él».
«En efecto, al día siguiente, 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero», aseveraron.
Y precisaron que la conversación «duró aproximadamente diez minutos y, en la misma, Martínez Sola hizo una breve exposición a Zapatero sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO».
Ante dicha petición, el expresidente socialista «manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas» y que, a partir de ahí, su contacto sería «con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez», relataron.
En cualquier caso, «en dicha conversación con Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones», precisaron.
Las defensas reconocieron que «Plus Ultra ha cometido errores, no se discute», pero apuntaron que ello «no significa» que la compañía sea «una sociedad pantalla o no dedicada a actividad empresarial plenamente lícita».
«Su evolución económica, el volumen de empleo sostenido, pagos recurrentes de nóminas y aportaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública evidencian una organización empresarial activa, con capacidad de prestación continuada de servicios y con positivo impacto económico verificable en la sociedad española», manifestaron.
De este modo, atribuyeron a «una situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica» el hecho de que Plus Ultra se viera «involucrada en una presunta red de blanqueo de capitales y en una operativa de tráfico de influencias».
