El Grupo Republicano en el Congreso de los Diputados presentará este martes ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo una proposición no de ley (PNL) para la recuperación de la gestión pública del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), así como para su transformación estructural y mejoras laborales de sus trabajadores.
El diputado de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, ha denunciado que el modelo actual convierte «la cura en un negocio» y ha señalado que «cada euro de beneficio privado sale de la salud y del sueldo de quien cuida». A su juicio, «la externalización del servicio ha acontecido un mecanismo para trasladar dinero público a bolsillos privados», por lo que ha reclamado la recuperación de la gestión pública directa para «evitar la mercantilización de la vida».
«La propuesta llega en un momento de presión demográfica creciente. Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de dependencia, el número de personas beneficiarias ha pasado de 200.000 en 2008 además de un millón y medio», han expresado desde ERC. También sostienen que el SAD ha topado con un modelo de gestión que ha priorizado «la mercantilización y la externalización», generando lo que han denominado una «crisis de los cuidados».
Según datos recogidos en el texto de la PNL, consultado por Europa Press, el 97,4% de la plantilla del SAD son mujeres. El 44,2% percibe su estado de salud como malo y el 64,8% presenta niveles severos de agotamiento emocional, mientras que el 78% reconoce que trabaja tomando antiinflamatorios y analgésicos para soportar el dolor. Asimismo, la «parcialidad involuntaria» afecta al 63,1% de la plantilla, el doble que la media nacional.
En el documento, registrado el pasado 23 de marzo, también se expone que el 90% de los domicilios donde se presta el servicio carece de evaluación de riesgos laborales, amparándose en la inviolabilidad del domicilio como pretexto para impedir el acceso de técnicos de prevención y de la Inspección de Trabajo. La PNL también apunta que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deniegan de forma sistemática el carácter profesional de las lesiones sufridas por estas trabajadoras, catalogándolas como contingencias comunes vinculadas a la edad o al género.
Entre las medidas que recoge la proposición figura impulsar una reforma legislativa que priorice la reinternalización del SAD por parte de las entidades locales; el reconocimiento inmediato de las enfermedades musculoesqueléticas y psíquicas como contingencias profesionales y el establecimiento de la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores para las trabajadoras del sector, «atendiendo a la alta penosidad, el desgaste físico y psicológico y los riesgos biomecánicos», según se indica en el texto registrado en el Congreso.
La PNL también insta al Gobierno a prohibir el sistema de «bolsa de horas» o arrastre de horas negativas —que permite a las empresas acumular horas cuando un usuario fallece u es hospitalizado y exigir su recuperación posterior— e implementar protocolos obligatorios ante el acoso sexual y la violencia física o verbal. Asimismo, reclama aumentar la dotación presupuestaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
