La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (Coner), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes "es una medida de responsabilidad política, ética y social".
Y, para que un proceso "tan complejo técnica y logísticamente" pueda desarrollarse en un período limitado de tiempo, las entidades firmantes piden a la Administración que favorezca el registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.
El Ejecutivo ha habilitado dos vías, la telemática, abierta 24 horas los siete días a la semana, y otra presencial, que requerirá de cita previa gratuita obligatoria se llevará a cabo en determinadas oficinas designadas por la administración -450- y tendrá un horario determinado solo de lunes a viernes.
La entidad ha recordado que desde el año 2025 las cuatro entidades eclesiales han participado en este proceso y en "multitud "de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la preocupación compartida "por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social".
Las organizaciones han recordado que la irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación".
Según el IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en España. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social.
Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. "Una cifra que no para de crecer desde 2019 y al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social", ha informado la entidad.
Para las organizaciones, la regularización administrativa transforma de "manera profunda la vida de las personas migrantes", porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. "Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida", han argumentado.
También facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios esenciales, "además de permitir realizar trámites cotidianos -como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato- sin miedo". Asimismo, reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo. "En definitiva, supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social", insisten.
Están convencidas, además, de que "la regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar".
