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El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha criticado este viernes las «amenazas» y «mediadas coercitivas» contra integrantes del organismo, después de que Rusia reclamara a Países Bajos y «otros países» que detengan y extraditen a nueve integrantes del organismo, entre ellos su presidenta, Tomoko Akane, por condenas emitidas en rebeldía contra ellos por cortes del país euroasiático.
«El TPI deplora cualquier amenaza o medida coercitiva dirigida contra sus jueces, fiscales y miembros del personal por desempeñar las funciones que les encomendó la Asamblea de los Estados Parte en virtud del Estatuto de Roma», ha dicho un portavoz del organismo en declaraciones concedidas a Europa Press.
Así, ha hecho hincapié en que el tribunal «continuará cumpliendo su mandato de manera independiente e imparcial», después de que la Fiscalía rusa reclamara la extradición de estas personas, entre las que figuran, además de Akane, el ex fiscal general Imran Khan y el expresidente del organismo Piotr Hofmanski, así como los vicepresidentes Rosario Salvatore Aitala y René Alapini-Gansou.
El resto de reclamados por Moscú son los jueces Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Haikel ben Mahfoud, así como el antiguo juez del TPI Bertram Schmitt. Todos ellos fueron puestos en una lista de personas buscadas y posteriormente condenados por un tribunal de Rusia en diciembre de 2025.
Los pasos dados por Rusia llegaron en respuesta a la decisión del TPI de emitir órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos en zonas ocupadas en Ucrania.
