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La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha dado a conocer este viernes una propuesta de su grupo municipal para impulsar «un plan especial de regulación de las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos, acompañado de una ordenanza específica, con el objetivo de dotar a la ciudad de un marco urbanístico estable, integral y con plena seguridad jurídica, que garantice el equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda».
Según ha informado el PSOE en una nota, González ha explicado que la regulación de este fenómeno «no puede depender únicamente de acuerdos temporales o de medidas parciales, sino que requiere una planificación urbanística seria que permita abordar un problema estructural que afecta al conjunto de la ciudad».
González ha recordado que el Grupo Municipal Socialista ya ha venido advirtiendo del «impacto que el crecimiento descontrolado de las viviendas y apartamentos turísticos está teniendo sobre el acceso a la vivienda, el aumento del precio del alquiler y la pérdida de población residente en numerosos barrios de Córdoba».
La edil del PSOE ha señalado que «la actividad turística es fundamental para nuestra ciudad y genera riqueza y empleo, pero precisamente por eso necesita una regulación responsable que garantice la convivencia con los vecinos y preserve el equilibrio de nuestros barrios».
En este sentido, González ha afirmado que la actual moratoria aprobada por el Ayuntamiento «supone un paso claramente insuficiente». A su juicio, «se trata de una medida limitada, tanto en su alcance, como en su cobertura, ya que afecta únicamente a determinadas zonas de la ciudad, deja fuera a los apartamentos turísticos y se sustenta en un acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sin que exista una regulación urbanística específica que le otorgue la necesaria seguridad jurídica».
González ha opinado que el gobierno municipal del PP que encabeza el alcalde, el popular José María Bellido, «ha optado por una solución provisional para ganar tiempo», mientras que en el PSOE entienden que «Córdoba necesita una regulación definitiva, con respaldo urbanístico y plena seguridad jurídica, que proteja el derecho a la vivienda y ofrezca certezas, tanto a los vecinos, como a quienes desarrollan una actividad económica vinculada al turismo».
Para la edil socialista, «no se puede afrontar un problema de ciudad mediante soluciones provisionales. Córdoba necesita un instrumento urbanístico sólido que ofrezca estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras para todos».
Por ello, el PSOE plantea la elaboración del referido plan especial, «que permita incorporar una regulación propia mientras culmina la tramitación del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuya aprobación todavía requerirá varios años».
Según ha explicado González, este plan especial «permitiría analizar de forma integral aspectos que actualmente no se están teniendo suficientemente en cuenta, como el impacto sobre el mercado residencial, la pérdida de vivienda habitual, la contaminación acústica, la movilidad, la capacidad de los servicios públicos, la sostenibilidad ambiental o la convivencia vecinal, y no limitar la regulación exclusivamente al criterio de saturación».
Además, la propuesta socialista contempla que «las limitaciones sean de aplicación a todo el término municipal, evitando que el problema simplemente se traslade de unos barrios a otros, e incorporando expresamente, tanto las viviendas de uso turístico, como los apartamentos turísticos».
El Grupo Municipal Socialista también propone que este nuevo marco normativo «impida que la transformación de locales comerciales en viviendas pueda destinarse posteriormente a uso turístico, permitiendo únicamente su conversión en vivienda residencial, con el objetivo de incrementar el parque de vivienda disponible para los cordobeses».
El objetivo de los socialistas es «proteger el derecho a la vivienda, preservar la identidad de nuestros barrios y ofrecer seguridad jurídica, tanto a la ciudadanía, como a quienes desarrollan una actividad económica legítima. La planificación urbanística debe anticiparse a los problemas, no limitarse a reaccionar cuando ya se han producido».
Mamen González ha insistido en que Córdoba «necesita una regulación estable, rigurosa y con visión de futuro, que permita compatibilizar el desarrollo turístico con una ciudad habitable para quienes viven en ella, evitando que dentro de unos años vuelva a reproducirse el mismo problema por la ausencia de un marco normativo suficientemente sólido».
