La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha calificado de "gravísimo" que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya instado a los centros penitenciarios a informar del proceso extraordinario de regularización para extranjeros, así como elaborar un registro estadístico de solicitantes entre la población reclusa, facilitar la documentación "a la mayor brevedad" y ofrecer apoyo lingüístico si fuera necesario.
La comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social del organismo dependiente del Ministerio del Interior, adelanta por 'El Español' y a la que tuvo acceso Europa Press, establece que se "garantice una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración penitenciaria.
"Si esto es verdad, es gravísimo y el Gobierno debe explicarlo inmediatamente", ha señalado la dirigente 'popular' en su cuenta de X. Fuentes de Interior han precisado a Europa Press que se han limitado a "informar informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas".
Ezcurra, en cualqueir caso, ha recalcado que el decreto de regularización exige en sus disposiciones 20 y 21 carecer de antecedentes penales. En este sentido, apunta que eso significa que los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos y apunta a que un preso preventivo es aquél al que un juez ha enviado a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva (art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Es decir, según incide, alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave.
En la misma línea, recalca que, por otro lado, el decreto dice "expresamente" que los antecedentes policiales, aunque no excluyen la regularización, algo que califica como "tela" en lenguaje coloquial, sí servirán a la Administración para valorar expresamente el riesgo para el orden público. En su opinión, "no es descabellado" pensar que alguien que está en prisión preventiva lo es".
"¿Y si luego hay sentencia condenatoria? Pues con la residencia legal ya en la mano, expulsarles será mucho más difícil, porque tanto la expulsión por vía administrativa (art. 57.2 de la Ley de Extranjería) como la judicial (art. 89 del Código Penal) exigen valorar el arraigo. Y el arraigo, en este país, lo construye la residencia legal. Por tanto, regularizar presos es blindar el arraigo que mañana bloqueará su expulsión. Justo lo contrario de lo que debe pasar. En España, el que delinque", conlcuye.
