El Gobierno dispone de un plazo máximo de dos meses a partir del 20 de marzo, es decir, hasta el 20 de mayo, para constituir la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración, cuya creación fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros.
Según el real decreto que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor este viernes, la reunión constitutiva será convocada por la Presidencia que ostentará el titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
Además de la Presidencia, el Pleno de la Comisión Interministerial estará integrado por dos vicepresidencias, vocalías con representantes de los ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Ministerio de Sanidad; Ministerio de Igualdad; y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y la secretaría.
El real decreto, recogido por Europa Press, indica que la Comisión Interministerial "no supondrá incremento alguno del gasto público" y se atenderá con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. "La asistencia a las reuniones no dará lugar a la percepción de emolumentos de ninguna clase", añade.
El Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración, como contempla la 'Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)'.
Entre las funciones de la Comisión se hallan la de analizar los cambios estructurales y organizativos que precise el sistema de cuidados de larga duración; identificar y promover las medidas oportunas para garantizar la sostenibilidad del sistema; y realizar el seguimiento y evaluación del grado de alineamiento de las distintas políticas sectoriales con el modelo de cuidados.
También deberá impulsar la innovación social y tecnológica en el sector de los cuidados de larga duración, identificando buenas prácticas, promoviendo la transferencia de conocimiento y facilitando la colaboración entre administraciones y otros actores relevantes.
Por otro lado, la Comisión tendrá que proponer y emitir informes que incluyan perspectiva de género y puedan servir de orientación en la toma de decisiones de los órganos competentes en el sistema de cuidados de larga duración.
"Los cuidados de larga duración constituyen un pilar esencial del Estado del bienestar y una garantía fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos sociales reconocidos en nuestro ordenamiento", indica el real decreto.
