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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes 1 de septiembre un real decreto por el que se constituye el primer reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en España, dirigido a «garantizar» que las personas con dificultades de comprensión «puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes» de ciudadanía en igualdad de condiciones y sin discriminación.
La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales para que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
El reglamento establece que toda información y comunicación deberá ser fácil de comprender y ofrecerse en formatos accesibles como lenguaje claro, lectura fácil, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos, sin coste adicional y sin retrasos.
Asimismo, Derechos Sociales ha matizado que la norma tiene un enfoque universalista y está dirigida a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo y personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.
Los ámbitos de aplicación del reglamento abarcan las telecomunicaciones y la sociedad de la información, los espacios públicos, las infraestructuras y la edificación, los transportes, los bienes y servicios a disposición del público, incluidos entre ellos los sanitarios, las relaciones con las administraciones públicas, la administración de justicia, la participación en la vida pública y los procesos electorales, el patrimonio cultural e histórico y el empleo. En cada uno de estos ámbitos se establecerán obligaciones específicas adaptadas a sus características.
Con la aprobación de este reglamento, Derechos Sociales recuerda que se da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en lo referido a las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva aplicables en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), está trabajando en la elaboración de guías que faciliten la aplicación de las condiciones establecidas en el reglamento por parte de los distintos organismos públicos y entidades privadas, según ha informado.
Por su parte, el CEACOG, que ejerce como centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, está desarrollando iniciativas para hacer accesibles trámites administrativos como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, el DNI o la regularización de personas migrantes.
«La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad las actividades que en él se levan a cabo sin ningún tipo de discriminación», ha recordado el Ministerio, al tiempo que ha afirmado que las funciones cognitivas, deben tratarse «de la misma forma que el resto».
