El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto la participación ciudadana en la reforma de la ley de protección a la infancia (LOPIVI). La ciudadanía, las organizaciones y los profesionales que trabajan con la infancia tienen hasta el 15 de julio para enviar sus aportaciones al anteproyecto de ley orgánica que «reforzará las garantías de protección de niñas, niños y adolescentes», como ha informado el Gobierno.
Cualquier persona, organización o entidad puede remitir sus contribuciones al correo electrónico participacion.publica@juventudeinfancia.gob.es antes de que la norma vuelva a pasar por el Consejo de Ministros.
«Esta ley afecta a millones de niñas y niños. Por eso queremos construirla también con quienes los conocen, los cuidan y trabajan con ellos cada día. La audiencia pública no es un trámite, es una oportunidad real de mejorar la protección de la infancia en nuestro país», ha declarado por su parte la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un comunicado este sábado.
Asimismo, Rego ha subrayado la «urgencia» de reforzar el marco normativo vigente ante la persistencia de la violencia contra la infancia. «Entre el 83% y el 91% de niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia a lo largo de su infancia. Esos datos nos obligan a actuar, y a actuar bien. Por eso necesitamos las aportaciones de profesionales, organizaciones, familias y de la ciudadanía en general», ha señalado.
«Hemos contado con un grupo de personas expertas, hemos escuchado a las organizaciones del sector y ahora abrimos la puerta a toda la sociedad. Porque las leyes que protegen a la infancia también se construyen con la ciudadanía», ha afirmado.
La reforma, aprobada en primera vuelta en Consejo de Ministros el pasado 5 de mayo, pretende ampliar y reforzar los mecanismos de protección de la infancia y la adolescencia previstos en la ley vigente, con especial atención a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, según ha indicado el ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado.
Entre las principales novedades del anteproyecto se encuentran la prohibición expresa del uso del llamado «síndrome de alienación parental» y cualquiera de sus reformulaciones en procedimientos judiciales y administrativos, el refuerzo de la protección de las personas menores de edad víctimas de violencia de género y violencia vicaria, mayores garantías para menores con discapacidad, la introducción de un nuevo régimen sancionador y el fortalecimiento del derecho «a ser escuchados en todos los procedimientos» que les afecten, sin límite de edad.
