El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la que solicita información acerca de las circunstancias que motivaron la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario público por atender a ciudadanos sin cita previa en las oficinas del SEPE en Mérida.
En concreto, la institución ha reclamado al organismo público información sobre el eventual expediente incoado al trabajador y el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida en 2025 y 2026. Además, ha pedido conocer qué criterios rigen la atención presencial al ciudadano en las oficinas de Empleo y cuáles son las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor.
En este sentido, ha recordado en el escrito dirigido al SEPE que en los últimos años ha recibido «numerosas» quejas ciudadanas en las que se planteaban las «dificultades» con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo.
Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha formulado diferentes recomendaciones a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social (actual Secretaría de Estado de Trabajo), para que se buscasen soluciones a dicha situación. «Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone», ha apuntado.
Finalmente, ha explicado que, según diferentes medios de comunicación, el funcionario público ha sido expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales. También ha añadido que esas mismas informaciones indican que realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda.
