El Ayuntamiento de Granada está analizando la sentencia del TSJA que anula la licencia de obras de un edificio construido de 15 viviendas en el barrio de Bola de Oro por incumplimiento de la normativa urbanística y afirma que «trabajará para encontrar la mejor solución», toda vez que ya hay pisos vendidos.
El portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra (PP), ha incidido en que este asunto es «ajeno» al actual equipo de gobierno en tanto que la licencia de obras anulada por la justicia se concedió en diciembre de 2021, bajo el mandato del socialista Paco Cuenca; los estudios de detalle, también anulados, vienen de mucho más atrás y las obras comenzaron en 2022.
El portavoz ha asegurado en rueda de prensa que «comprende» la postura de los vecinos a los que la justicia ha dado la razón después de que se hayan quedado «casi atrapados en una calle que es ilógico que pueda tener tres metros», ha dicho en alusión al vial de acceso al nuevo edificio.
Así, y si bien el Ayuntamiento ha «intentado defender sus argumentos» a lo largo del proceso judicial, ha asegurado que desde el área de Urbanismo ya se está trabajando para «encontrar la mejor solución porque el edificio está hecho y vendido» y que, a su vez, sea lo menos gravosa posible para el consistorio en ejecución de sentencia.
El TSJA ha anulado la licencia de obras y los dos estudios de detalle que la amparaban por incumplimiento de la normativa urbanística en la anchura de un vial de acceso que tiene tan solo tres metros, algo que no permite la ley actual. Los afectados sostienen que, como mínimo, debe tener el doble.
La anulación también se produce al no haberse acreditado la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para acometer el proyecto, dado que la obra está junto al río Genil, según se desprende de la sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso ante el Supremo.
Los afectados, representados por el letrado José Manuel Aguayo Pozo, afirman que el edificio está terminado y las viviendas «ya vendidas a terceros» por lo que reclamarán al Ayuntamiento de Granada que ejecute la sentencia y depure responsabilidades, «sin que la existencia de compradores de buena fe sirva de excusa para dejarla sin efecto real», sostienen.
