La ONG Human Rights First ha denunciado este lunes el traslado de unos 444 solicitantes de asilo salvadoreños desde Estados Unidos a terceros países, como Honduras, Guatemala, Ecuador y México, una medida que llega en pleno recrudecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante le mandato de Donald Trump al frente de la Presidencia estadounidense.
Este trasladado ha sido avalado por los tribunales de Estados Unidos, que han requerido ya su traslado a estos países en el marco de los acuerdos firmados con Washington, tal y como ha alertado la organización en un comunicado, que ha afirmado que existe una «expansión acelerada de políticas que buscan externalizar el procesamiento de solicitudes de protección internacional».
Los datos reflejan un incremento en la tendencia de estos tribunales de cancelar u omitir casos de asilo sin que los solicitantes tengan la oportunidad de exponer sus argumentos. Desde la ONG lamentan que dichas resoluciones no implican necesariamente que los traslados se hayan ejecutado ya.
Los traslados a terceros países se basan principalmente en los llamados «Asylum Cooperative Agreements» (ACA), un mecanismo mediante el cual Estados Unidos impide que una persona solicite asilo en su territorio y la envía a otro país para que gestione allí su petición. Bajo la ley estadounidense, este tipo de acuerdos solo puede aplicarse si el país que recibe a los migrantes garantiza condiciones de seguridad y acceso a procedimientos de asilo «plenos y justos».
Sin embargo, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han cuestionado reiteradamente que varios de los países involucrados no cumplen con estos requisitos. Sin embargo, varias cortes han seguido adelante autorizando estos traslados, en muchos casos sin evaluar de forma individual los riesgos a los que hacen frente los solicitantes.
