CSIF urge al Ayuntamiento de Huelva a implantar el teletrabajo para sus empleados públicos "según ley"

Redacción

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La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado la implantación del teletrabajo en el consistorio de la capital, así como un reglamento que regule esta modalidad laboral.

Así lo ha indicado CSIF Huelva en una nota, en la que "urge" a la administración local, "a través de reiteradas comunicaciones", a que "se conceda este derecho a todos aquellos trabajadores municipales que lo hayan solicitado formalmente, conforme a la normativa estatal, ley 10/2021 de 9 de julio, donde se establece que la prestación del teletrabajo será objeto de negociación colectiva".

En este sentido, el sector de Local de CSIF ha apuntado que "otras administraciones han desarrollado esta normativa sin suponer perjuicio en el funcionamiento de los servicios, tal y como que se demostró durante la pandemia" y considera que, "por el contrario, es una herramienta efectiva para conciliar la vida familiar y laboral de los empleados públicos".

Por otra parte, el sindicado denuncia "la falta de un marco sólido de teletrabajo en la administración pública española" y destaca que los ciudadanos "viven cada vez más expuestos a emergencias de todo tipo, especialmente sanitarias y meteorológicas". Por ello, cree "preciso" que el personal que trabaje en casa "lo haga con las herramientas necesarias".

Señala CSIF que "este derecho no es una opción, sino una obligación moral y organizativa que asegura a la administración una estabilidad", por lo que reclama que este marco normativo "garantice la incorporación de más personal, la dotación de medios tecnológicos adecuados y protocolos homogéneos que aseguren una igualdad de condiciones en todos los organismos", toda vez que indica que "es necesario un cambio estructural que convierta el teletrabajo en un pilar clave dentro de la administración y se permita llevar a cabo".

CSIF concluye que el teletrabajo "no es un privilegio, sino una herramienta esencial para garantizar la continuidad y la eficiencia de los servicios públicos" porque lo ve como "una forma de evitar colapsos administrativos, acumulación de tareas, perdidas de jornadas laborales y un claro beneficio para la ciudadanía reforzando el compromiso institucional".

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