La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha manifestado su "preocupación" ante el comienzo del proceso de regularización extraordinaria de migrantes y ha exigido el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración.
El proceso está previsto que se desarrolle entre el 1 de abril y el 30 de junio y, según ha informado CSIF tras reuniones realizadas en diferentes departamentos, el Gobierno espera entre medio millón y un millón de solicitudes.
En esta misma línea, el sindicato critica que el Ejecutivo aún no haya aclarado el refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones. También lamenta la posibilidad de que opte por una externalización del servicio público.
Igualmente, el sindicato ve "fundamental" anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos "para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía". Además, considera que se debe compensar el esfuerzo adicional realizado por los empleados públicos.
CSIF ha iniciado la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y ha exigido el refuerzo de plantillas dado que, según señala el sindicato, se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente para gestionar subsidios y trámites administrativos en ámbitos deficitarios de personal (SEPE, Seguridad Social, Política Territorial e Interior, entre otros).
Asimismo, ha destacado que, en el ámbito del Ministerio del Interior, el proceso de regularización ya está teniendo un "impacto directo" en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación, "con un aumento de la demanda y en consecuencia situaciones de saturación en las oficinas". "Esta situación se va a agravar a partir del 1 de abril", ha destacado.
Según las primeras informaciones recabadas por CSIF en reuniones con los diferentes departamentos, el proceso constará de dos fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación y resolución del expediente, que realizará "de manera exclusiva" la Unidad de Tramitación de Expedientes (centralizada en Vigo).
El grueso de las solicitudes presenciales ha explicado que se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos, "aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad, ni se ha informado a los trabajadores sobre procedimiento y condiciones"; delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social (una por provincia, salvo Madrid y Barcelona que se abrirán tres y dos, respectivamente, en Alicante, Murcia, Málaga y Valencia.
También ha dicho que se prevén solicitudes telemáticas, aunque desde CSIF han advertido de que "pueden generarse problemas en la identificación de solicitantes y que obviamente carezcan de certificado digital". Por este motivo, se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONGs, graduados sociales y abogados, que actuarían como intermediarios.
Del mismo modo, CSIF ha expuesto que el personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto. En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria retribuyéndose con 25 euros la hora (35 euros los coordinadores).
Por su parte, ha asegurado que la mayoría de las oficinas de extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes (10 oficinas aún por determinar), ante el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo. "En el departamento de Política Territorial aún desconocen cuántos expedientes se tramitarán, ni la carga de trabajo, ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia", ha afirmado el sindicato.
"Además, se da la circunstancia de que un año después del proceso, este personal será el encargado de renovar los permisos, lo que no tiene mucho sentido. Desde Política Territorial se rechaza la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública dado, ante los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor debería de estar supervisado por personal funcionario", ha concluido.
