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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado el traslado a la capital, Bogotá, de un total de 20 presos vinculados a grupos criminales que se encuentran recluidos en distintas cárceles de la ciudad de Barranquilla, en el norte del país.
«Por orden mía directamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de libertad que estaban recluidas en Barranquilla», ha señalado el presidente en un mensaje publicado en redes sociales.
De la Espriella ha detallado que diez de ellos se encontraban retenidos en comisarías de Policía en la zona, mientras que los otros diez estaban en la cárcel distrital de Barranquilla. «Los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados», ha dicho.
Estos presos —entre los que se encuentran varios miembros de los grupos criminales Los Costeños y Los Pepes— serán trasladados a la capital, Bogotá, y posteriormente distribuidos a distintos centros penitenciarios del país «de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el INPEC».
«La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen», ha zanjado.
Con el fin de aliviar el hacinamiento y garantizar la seguridad de presos y del personal penitenciario, las autoridades trasladaron a un total de 403 reclusos a principios de agosto a diversos centros del país latinoamericano, de acuerdo con el diario 'El Colombiano'.
El INPEC dio a conocer esta cifra después de que en un primer momento informara del traslado de 117 presos considerados «de alto perfil». En concreto, el 7 de agosto fueron trasladadas 39 personas, mientras que un día más tarde la decisión afectó a otros 364 presos.
Estas medidas por parte del Gobierno buscan fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de los grupos criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde las cárceles, rompiendo así cualquier estructura carcelaria que hayan generado.
