La vicepresidenta ejecutiva de Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, ha trasladado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, «la necesidad inapelable de una Ley de Reparación por las esterilizaciones no consentidas por razón de discapacidad».
Así se lo ha reclamado durante una reunión celebrada este miércoles para impulsar la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad, según ha informado el CERMI en un comunicado.
La fundación ha reclamado el respaldo del Gobierno para una ley de reparación dirigida a las víctimas de esterilización forzada, recordando que esta práctica «constituyó una grave violación de los derechos humanos, con un impacto especialmente intenso sobre las mujeres y niñas con discapacidad». Por ello, considera que «requiere una respuesta pública basada en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición».
Bustinduy ha acogido la propuesta y se ha comprometido, según el CERMI, a promover, a través del Observatorio Estatal de la Discapacidad, la realización en 2027 de un estudio específico sobre las sentencias judiciales de esterilización dictadas desde julio de 1989, con el objetivo de evaluar también el posible impacto económico de una futura ley de reparación.
En el encuentro también abordaron la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, ámbito en el que Fundación CERMI Mujeres ha pedido «avanzar hacia una macroencuesta específica sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, asumida por el Instituto Nacional de Estadística» que «trascienda el marco actual de la violencia de género recogido en la legislación española».
Según CERMI Mujeres, el ministro ha mostrado «su disposición a abordar esta cuestión con el Ministerio de Igualdad, una vez se conozcan los resultados del estudio cualitativo».
Además, en el marco de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y coincidiendo con el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Fundación CERMI Mujeres ha llamado al «consenso político» de todos los grupos parlamentarios para que estas reformas salgan adelante y se alineen «plenamente» con el nuevo artículo 49 de la Constitución Española.
La entidad ha subrayado que la actualización del marco legislativo debe incorporar de forma transversal la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, «una población que representa más del 30% de las mujeres en general y que sigue afrontando formas agravadas de discriminación, violencia y vulneración de derechos».
Por su parte, Bustinduy también ha llamado «a un consenso unánime de todos los grupos políticos» para que salga adelante la reforma de las dos leyes. «Porque la sociedad española lo demanda. Porque la sociedad española lo merece y porque se han puesto todas las condiciones para hacerlo posible», ha subrayado.
