La Comisión Europea ha anunciado este viernes un expediente sancionador contra una veintena de Estados miembro, incluido España, por no cumplir plenamente en el plazo fijado la reforma de la directiva para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.
Los países de la Unión tenían hasta el pasado mes de julio para trasladar a su legislación nacional y notificar la transposición completa a Bruselas, que con la apertura del procedimiento de infracción da ahora un plazo de dos meses a los gobiernos señalados para resolver las deficiencias.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario apunta que la reforma, acordada por los Veintisiete y la Eurocámara en 2024, introduce medidas penales más estrictas y dota a las autoridades públicas de herramientas más eficaces para investigar y perseguir nuevas formas de explotación —incluidas las que tienen lugar online— y para garantizar una mejor asistencia y apoyo a las víctimas.
Para ello, los Estados miembro están obligados a formalizar un mecanismo nacional de derivación y a designar un punto de contacto para la derivación transfronteriza de víctimas. También deben nombrar coordinadores nacionales de lucha contra la trata y adoptar y actualizar periódicamente planes de acción nacionales contra la trata.
Con la revisión de la directiva, por ejemplo, se acordó que sean tipificados como delitos de trata de seres humanos el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada «con fines de explotación», es decir, cuando la mujer es coaccionada o engañada para gestar.
Pretende, además, ofrecer a las autoridades judiciales y policiales herramientas más fuertes para investigar y perseguir las nuevas formas de explotación, incluidas aquellas que se dan en Internet.
Junto a las nuevas definiciones del delito, otra de las claves de la nueva norma es que se persiga penalmente en todos los países de la Unión Europea a los clientes que, siendo conscientes de que una persona es víctima de la trata, contraten servicios de prostitución con esa víctima.
El expediente incoado es el primer paso en un procedimiento de infracción que abre una fase de diálogo con las autoridades nacionales para buscar soluciones al incumplimiento.
Si en el plazo de dos meses Bruselas considera que las irregularidades siguen pendientes, podrá enviar un dictamen motivado al Estado miembro con el que dará una segunda oportunidad al diálogo antes de entrar en la tercera y última fase del proceso, que supone elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Además de España, la Comisión Europea ha incoado expedientes a Bélgica, República Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
