La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra España por no cumplir plenamente con las nuevas reglas sobre condiciones de acogida para los solicitantes de protección internacional que llegan a territorio comunitario; una reforma que los Estados miembro tenían hasta el pasado 12 de junio para trasladar a su legislación nacional.
El objetivo de la norma es garantizar que todos los países de la Unión prorcionan condiciones de vida «adecuadas y comparables» a las personas que solicitan protección internacional en su territorio.
También otorga a los Estados miembro «flexibilidad» para gestionar sus sistemas de acogida e introduce normas para prevenir y disuadir los movimientos secundarios no autorizados, entre otras cosas, con el objetivo de reducir las disparidades entre los sistemas nacionales.
Pese al plazo dado a los gobiernos para trasladar este marco a su legislación nacional, un total de 16 Estados miembro han incumplido el calendario, entre ellos España, razón por la cual Bruselas da el paso de incoarles procedimientos de infracción.
La apertura del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento en la que se notifica a las autoridades competentes el incumplimiento y da un plazo de dos meses para comunicar al Ejecutivo comunitario las medidas tomadas para subsanarlo.
Si la respuesta no satisface a los servicios comunitarios, la Comisión podrá aún dar un segundo paseo en el procedimiento con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo de diálogo antes de sopesar iniciar la tercera y última fase, que implica denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
