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El Gobierno de Bolivia solicitará información a la Administración de Estados Unidos sobre las acusaciones vertidas en la víspera contra el fiscal general, Roger Mariaca, y otros altos y ex altos cargos del país, que ha calificado de «bastante graves» y que han motivado a Washington a imponerles sanciones.
«Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad. Por eso se pedirá, a través de las instancias competentes, información complementaria, elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia», ha señalado el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en la que ha sido la primera reacción del Ejecutivo de Rodrigo Paz, recogida por el diario 'El Deber'.
Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, ha solicitado ya la destitución del fiscal mientras se esclarecen unos hechos cuya «gravedad obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad».
«Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas», ha matizado, en declaraciones recogidas por la cadena Unitel, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, se ha sumado a la petición de apartar a Mariaca de sus funciones, un asunto para el que convocarán una sesión en el Parlamento.
El fiscal general ha expresado sus sorpresa ante la decisión de las autoridades estadounidenses, que lo han sancionado alegando que «abusó de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayuda a criminales violentos a evadir la Justicia».
Estas acciones «ponen en peligro los esfuerzos del presidente (Donald) Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas de Bolivia», ha señalado el Departamento de Estado, tras sancionar a Mariaca y otros doce ciudadanos bolivianos —fiscales, jueces, exmagistrados, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía, un empresario y el exministro de Justicia Iván Lima.
