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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recurrido el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de su queja contra el juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, un hecho que atribuye al «conservadurismo» o «corporativismo» de la institución.
Así lo ha trasladado Bolaños a través de un recurso dirigido al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita reabrir las diligencias contra el juez Peinado tras la queja que presentó por su «actitud objetivamente intimidatoria» cuando le tomó declaración como testigo en la investigación a la esposa del presidente del Gobierno.
En el recurso, el ministro denuncia que la actuación del CGPJ «difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general».
Así, Bolaños critica que el CGPJ «ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo», de actuar frente a las presuntas irregularidades que denunció «y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial».
Y señala que las irregularidades denunciadas, muchas de ellas «ampliamente conocidas» por la opinión pública, «han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la justicia».
Por todo ello, el ministro argumenta que «la interposición del recurso de alzada responde a la convicción de que los hechos e irregularidades denunciados no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados».
Y pide «un pronunciamiento sobre hechos distintos de la 'cuestión jurisdiccional', susceptibles, por su naturaleza y circunstancias, de integrar infracciones del régimen disciplinario aplicable a jueces y magistrados».
Así las cosas, Bolaños critica que hayan transcurrido 427 días desde que presentó el primer escrito de queja hasta la notificación del archivo, «a pesar de tratarse de una diligencia informativa circunscrita a actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación».
«Durante este prolongado periodo temporal la actividad instructora desplegada ha sido, además, francamente limitada, habiéndose practicado un número muy reducido de diligencias de investigación», arguye.
Bolaños remarca que el comportamiento de Peinado cuando le tomó declaración «revela una actitud que no puede ser reducida a una 'situación puntual de cierta tirantez dialéctica'», sino que el magistrado instructor —asegura— «adoptó una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía».
Y lamenta que el tono y la actitud denunciadas estuvieron «presentes desde los primeros compases de la declaración, sin mediar incidente, provocación, comportamiento inadecuado del compareciente o circunstancia alguna susceptible de generar tensión» con Peinado.
«Así, apenas iniciado el interrogatorio, el instructor advirtió al compareciente de que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado», critica el ministro, y lamenta que esta manifestación «resulta improcedente», «carecía de utilidad para la obtención del testimonio» y «únicamente tenía la intención» de intimidarle.
Por todo ello, Bolaños pide revocar el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, reabrir la diligencia informativa sobre su queja contra Peinado y practicar diligencias adicionales «para el esclarecimiento de todos los extremos relativos a la filtración de determinadas resoluciones judiciales» dictadas por el magistrado en el marco de su investigación a Begoña Gómez.
