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El Gobierno de Irak ha advertido este miércoles a las organizaciones armadas que operan en el país que quienes hagan uso del territorio nacional «para lanzar ataques contra países vecinos» serán considerados «delincuentes que deben ser combatidos», en el marco de los esfuerzos de Bagdad por hacerse con el monopolio de las armas, bajo los cuales han recordado a los grupos armados que a partir de octubre, estas acciones serán perseguidas bajo la Ley Antiterrorista.
La gobernante Coalición de la Administración Estatal —que agrupa a la coalición chií Marco de Coordinación, a los principales partidos kurdos y suníes, y a independientes afines— ha subrayado su apoyo «a las iniciativas destinadas a restringir el uso de armas al Estado, de conformidad con el programa ministerial aprobado por el Consejo de Representantes y promulgado como ley», según ha detallado en redes sociales la oficina de prensa del primer ministro iraquí, Alí al Zaidi.
Este programa, recuerda la nota, tiene entre sus objetivos «impedir que el territorio iraquí se utilice como plataforma para lanzar ataques contra países vecinos o para involucrar a Irak en conflictos que no benefician los intereses de su pueblo».
«La coalición considera que quienes incurran en tales conductas cometen un delito contra la seguridad del país y serán considerados delincuentes que deben ser combatidos, de acuerdo con los artículos de la Constitución que prohíben el uso de armas fuera del control del Estado y la formación de cualquier organización armada ajena a las fuerzas armadas oficiales», ha advertido la alianza gobernante.
En este sentido, Al Zaidi y el resto de asistentes a la reunión —el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Faiq Zaidan; el presidente de la región del Kurdistán iraquí, Nichirvan Barzanim, y los líderes de la Coalición— han incidido en que el calendario previsto recoge que después del 30 de septiembre de 2026 «cualquier actividad armada fuera del marco del Estado será sancionada conforme a la Ley Antiterrorista».
Pese a ello, «han condenado los ataques contra unidades de fuerzas armadas iraquíes y el martirio de varios de sus miembros», tras los bombardeos perpetrados por Estados Unidos y Arabia Saudí a finales de julio contra milicias proiraníes de Irak.
En territorio iraquí operan numerosos grupos armados, entre los que destacan algunas organizaciones proiraníes, como Kataib Hezbolá. Con todo, tanto éste como otros grupos similares operan bajo el paraguas de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición paramilitar proiraní al servicio del Gobierno iraquí e integradas en el aparato de seguridad del Estado, colocando a Bagdad en una compleja posición cuando estas organizaciones se involucran en conflictos regionales.
Por otra parte, a nivel regional, los citados responsables iraquíes han reafirmado su apoyo «a los esfuerzos para promover la desescalada y el diálogo» ante la conflictiva actualidad de la región, marcada por la guerra de su vecino Irán y las ofensivas de Israel en la Franja de Gaza y Líbano.
En esta línea, han expresado «su rechazo al uso de la fuerza para resolver conflictos y su disposición a desempeñar un papel positivo en la reducción de las diferencias entre las partes en conflicto, contribuyendo así a la preservación de la seguridad regional y la protección de los intereses comunes».
«Los participantes también han abordado la situación en los países vecinos, haciendo hincapié en la importancia de fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y desarrollar las relaciones de Irak» tanto a nivel regional como global, basándose en «intereses mutuos, el respeto a la soberanía y la no injerencia», agrega la nota.
